El pasado viernes, trabajadores pesqueros presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y solicitaron una orden de no innovar con el propósito de invalidar el...
El pasado viernes, trabajadores pesqueros presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y solicitaron una orden de no innovar con el propósito de invalidar el dictamen de la Dirección del Trabajo que permitiría a empleadores dejar de cancelar las remuneraciones a los trabajadores.
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, mostró preocupación y molestia por el dictamen de la Dirección del Trabajo por cuanto consideran que es un abuso de autoridad que afecta derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Política, y en las leyes vigentes y señaló que: “el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo que permite que los empleadores no cancelen las remuneraciones de los trabajadores pese a mantener el contrato vigente es abusivo, ilegal y arbitrario”.
Montenegro recordó que: “de un tiempo a la fecha, la Dirección del Trabajo, ha asumido una posición de defensa a los empleadores olvidando que el derecho laboral se funda en la premisa de que trabajadores y empresarios no se encuentran en igualdad de condiciones, por tanto, es allí donde la Dirección del Trabajo debe cumplir un rol fundamental de equilibrar la balanza bajo el principio protector del más débil como lo es el trabajador, con su tres importantes reglas a) Regla “In Dubio Pro Operario”, b) Regla de la Norma más Favorable, c) Regla de la Condición más Beneficios.
Así mismo, el recurso de protección solicita que se dicte una orden de no innovar en busca del amparo de los trabajadores, atendiendo a que ya hay empresas pesqueras como Blumar que -según detallan los trabajadores pesqueros- aprovechándose del dictamen está llamando a los trabajadores para pactar la suspensión del trabajo sin remuneraciones, respaldándose en el mencionado dictamen.
Por último, el presidente de Fetrapes señaló que: “son las empresas las que asumen los riesgos y no tienen por qué traspasarlos a los trabajadores. Por el contrario, en el sector pesquero, los privilegios que las industrias pesqueras recibieron a través de la Ley de Pesca, nunca fueron traspasados, ni en una mínima parte a sus trabajadores”.