El acuerdo busca convertir el 30% de los océanos en áreas protegidas para 2030, abordar el uso sostenible de recursos genéticos marinos y garantizar un reparto equitativo de beneficios.
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Este tratado, clave en la gobernanza oceánica global, regula los recursos genéticos marinos, la distribución equitativa de beneficios, la creación de áreas marinas protegidas y la transferencia de tecnología
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