Ministros y gremios expusieron en Hacienda sobre el impacto del proyecto que redistribuye cuotas entre pesca industrial y artesanal.
Las condiciones de la licitación de pesquería del jurel fue uno de los temas que concentró la atención de los integrantes de la Comisión de Hacienda que retomaron la ronda de audiencias en el marco del estudio del proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.
La propuesta que cursa segundo trámite y ya fue analizada por la Comisión de Recursos Marítimos, Pesca y Acuicultura, busca introducir cambios en el fraccionamiento en 18 pesquerías, reduciendo las actuales cuotas de captura del sector industrial y aumentando las del artesanal, entre las que se encuentran la anchoveta, la sardina común, la merluza común y la jibia.
En la sesión del lunes 7 de abril, los congresistas de la instancia de Hacienda escucharon en la sesión matinal, a los ministros de Economía, Nicolás Grau; y de Hacienda, Mario Marcel; y al presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval; y al exsubsecretario Andrés Couve.
Por la tarde, fue el turno del administrador de la Federación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales del puerto de Lebu, Lexter Chávez; el gerente de PacificBlu, Marcel Moenne; la dirigenta del sindicato de dicha empresa, Luisa Zapata; la presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío, Paola Sanhueza; el profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Dante Queirolo; y el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, Carlos Merino.
“Esperamos votar esta propuesta esta semana”
El presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast adelantó que “esperamos votar esta propuesta esta semana”. Es por eso que ayer se continuó escuchando a aquellas entidades y gremios que solicitaron audiencia.
Cabe recordar que el Senado ya realizó cambios respecto a la redacción aprobada en la Cámara de Origen, por lo que la norma irá a tercer trámite.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel explicó que “el proyecto tiene un efecto negativo a nivel recaudatorio porque disminuye la participación industrial, pero se compensa por la licitación de un 15% de cuotas del jurel por dos años (…) El 80% de la recaudación fiscal viene por el jurel (…) Si no se subasta el fraccionamiento del jurel, contaríamos con 26 mil millones de pesos menos. Si se aprueba el proyecto, tendríamos el primer año 17 mil millones; 48 mil millones, el segundo; 55 mil millones, el tercero; y 64 mil millones, el cuarto”.
Respecto de aquello, los senadores Kast y García consultaron por los detalles del diseño de licitaciones pensando en las dudas de constitucionalidad que se han planteado. Éstas apuntan a licitar cuotas que ya se habían adjudicado hasta el 2032 y el aumento de la cuota global del jurel que ya existe.
El ministro de Economía, Nicolás Grau comentó que “la licitación no es algo contra la industria porque se la gana la misma empresa u otra, solo se cambian los actores del mismo sector (…) Hablamos del 15% extra de la cuota. Hablamos de un permiso para pescar, no un derecho. En el caso del jurel, esto adquiere mayor relevancia porque ya se logró un aumento de la cuota de un 25%, además hay un crecimiento excepcional del jurel por sobre otros recursos”.
“Queremos evitar litigar en tribunales”
El presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval aseguró que esta ley podría provocar desempleo. “Estamos frente a mal proyecto. Queremos tener condiciones para invertir y evitar litigar en tribunales. Se requiere una norma que dé certeza, no basta con un plazo al 2040, se requiere el traspaso de cuotas y se mantenga la cuota de jurel del 2022. La licitación es un medio para financiar el fraccionamiento. Deberían buscar otras formas de financiamiento”.
El ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve planteó que “se propone compensar el déficit recaudatorio con las licitaciones sin medir las externalidades negativas. En el sector, la inversión no se traspasa al adjudicatario próximo de una licitación, por eso las licitaciones no son aplicables. Hicimos un estudio de las licitaciones pesqueras, así observamos escasos nuevos entrantes generándose más concentración en la industria. Las licitaciones no la quieren los trabajadores de la industria ni los pescadores artesanales”.
Reineta y merluza
El administrador de la Federación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales del puerto de Lebu, Lexter Chávez detalló principalmente, el desarrollo de la pesca de la reineta indicando que se “trata de un recurso sobreexplotado, entrega 27 mil empleos directo a nivel artesanal en 5 regiones, y a nivel industrial, entrega 200 empleos. Es el pescado que más se consume en Chile. La reineta no estaba en el proyecto original y luego fue integrado. Proponemos un 97/3 tal como lo aprobó el Senado”.
Por su parte, el gerente de PacificBlu, Marcel Moenne explicó que se dedican a la merluza común. “Se habla de pesca sin reportar. Creemos que eso no es afectivo porque eso es acotado a ciertas caletas al sur del Maule. No me paree premiar con una mayor participación de cuotas a los que incumplen la ley. Operamos solo con dos barcos y estamos con la cuota al límite, por lo que aceptamos la propuesta del Senado de pasar de 57 a 43%”, detalló.
Desempleo
Del sindicato de dicha empresa, Luisa Zapata abordó el despido que significará el cambio del fraccionamiento “necesitamos un abastecimiento continuo y la pesca artesanal no nos puede asegurar ese servicio. No podremos pescar y las arcas fiscales se verán afectadas. PacifBlue es la única industria que procesa merluza”.
La presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Plantas de Proceso de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío, Paola Sanhueza destacaron que, en el sector, un 59% corresponde a trabajadoras mujeres jefas de hogar. “Esta ley significa despidos porque se impuso un proyecto de la jibia donde ya perdimos como mujeres. No defendemos la industria que siempre se ha defendido sola, sino nuestro trabajo digno. Si se aprueba el texto aprobado, PacifBlue cerrará”.
El profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Dante Queirolo detalló una investigación que hizo junto a sus colegas Exequiel González y Cristian Canales, ahondando que “resulta peligrosa la estrategia que se incorpora para reducir las fluctuaciones de cuotas entre años. Esto pone en riesgo la sustentabilidad del recurso. Es preocupante fijar procedimientos para el cálculo de cuotas en una ley”.
El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, Carlos Merino, se mostró de acuerdo con el proyecto haciendo algunas precisiones. “Estamos a favor del fraccionamiento del 50/50 de la anchoveta siempre que permita la sostenibilidad. Hay que entender que el norte sufre grandes variaciones. Ahora hay que hacer ver que, en los últimos 5 años, las cuotas no se han completado y el proyecto dice que, si no las cubrimos, se va a perder un 10% anual, por eso hay que revisarlo”, precisó.
