Como representantes del sector productivo de la región de Coquimbo la entidad se opone a la decisión tomada por el Comité de Ministros, el 5 de marzo pasado, de aprobar...
Como representantes del sector productivo de la región de Coquimbo la entidad se opone a la decisión tomada por el Comité de Ministros, el 5 de marzo pasado, de aprobar un Área Marina Protegida en el sector (Mundo Acuícola).
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) emitió una declaración en referencia a la aprobación de un Área Marina Protegida en el sector de La Higuera. La institución afirmó que la medida por parte de la autoridad responde a las presiones de algunos sectores y, por lo cual, tomó esta determinación a espaldas de la ciudadanía, la que amenaza el desarrollo de la economía y la proyección portuaria de la región, a juicio de Sonapesca.
“La discusión del tema, llevada adelante por las autoridades regionales, ha sido apresurada, sin información científico-técnica acabada y con muy poca participación de las comunidades y actores locales, lo que ha generado dudas respecto a los alcances del proyecto. No ha existido un proceso ‘amplio y ciudadano’, como algunas autoridades insisten en señalar. No ha habido un proceso de información y diálogo y, por el contrario, los actores locales no hemos podido expresar nuestro parecer en las instancias formales”, manifestó Osciel Velásquez, presidente de la Multigremial de Coquimbo, Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y Sonapesca.
Al respecto, argumentan que, falta por definir aún la extensión y los límites de esta Área Marina Protegida. “Confiamos que esa decisión tome en cuenta que las actividades pesquera, portuaria y minera pueden coexistir en un ambiente de sustentabilidad y cuidado del medioambiente. Asimismo, esperamos que una posible declaratoria no afecte el desarrollo futuro de puertos en bahías como Cruz Grande, Barrancones y Totoralillo Norte”.
Osciel Velásquez añade que, “por lo mismo, seguimos sosteniendo que el detalle de esta declaratoria debiera postergarse y ser analizada en detalle por las autoridades del nuevo gobierno. Ello, con el fin de que haya más tiempo para evaluar, en conjunto con las comunidades locales, los impactos que tendría esta medida”.
“Nuestro objetivo es que las cosas se hagan bien; que se cumpla la legislación y la institucionalidad pesquera; que funcionen los comités de manejo, los comités científicos y, en este caso, los consejos zonales de pesca, además de que se realice un informe y que sea debidamente analizado por todas las partes. Lamentablemente, esa solicitud de respeto a la institucionalidad no está teniendo eco en la autoridad, tanto en esta declaratoria como en las recientes definiciones de parques marinos en Juan Fernández y en Cabo de Hornos”, concluyó Osciel Velásquez.
