Representantes de trabajadores embarcados acusan que el Ministerio de Economía, Sernapesca y Subpesca no han hecho lo necesario para investigar la pesca ilegal del recurso Merluza común.
Este jueves 08 de abril, en conferencia de prensa, sindicatos que representan al personal embarcado en pesca industrial de la región de Biobío anunciaron la presentación de un requerimiento a Contraloría, en el cual solicitarán antecedentes ante una posible falta de servicio por parte del Estado respecto al combate de la pesca ilegal, específicamente del recurso Merluza común.
En lo concreto, adhirieron a esta denuncia Juan Carlos González, presidente del Sindicato interempresa de trabajadores oficiales de naves especiales y regionales de la marina mercante ; Eric Riffo, presidente del Sindicato de interempresas de trabajadores oficiales de máquina de la marina mercante y de naves de pesca de Chile; Ricardo Flores, presidente del Sindicato de interempresas de trabajadores tripulantes de arrastre, descargadores, rederos y cuidadores de naves especiales de la provincia de Concepción; y Hugo Roa, presidente del Sindicato de interempresas de trabajadores tripulantes de naves sardineras de la provincia de Concepción.
Razones
De acuerdo a lo indicado por los dirigentes en conferencia de prensa, desde hace al menos un años diferentes antecedentes han sido entregados a las autoridades competentes respecto al delito de pesca ilegal, sin que exista hasta el momento resultado alguno, lo que significa una evidente falta de servicio.
«En julio de 2020, los diputados Leonidas Romero (RN) y Gastón Saavedra (PS) pusieron una denuncia formal ante el Fiscal Nacional Jorge Abott solicitando la investigación de la pesca ilegal, además de un eventual involucrado que reconoció los hechos en un comité de manejo. En este sentido, nuestra intención es poner en conocimiento a la Contraloría estas situaciones. Son hechos que han sido reiterados, denunciados en su oportunidad a los organismos pertinentes, y respecto a los cuales hasta el minuto no existe constancia ni instrucción judicial alguna, como tampoco sanción para los responsables», señaló la abogada Patsy Contardo.
«En este sentido, nuestra intención con esta denuncia es que se investigue y se oficie a las autoridades competentes, para eventualmente se realicen sanciones administrativas correspondientes», agregó.
En tanto, Arturo Martínez, Presidente de la Central de Trabajadores de Chile manifestó su apoyo al requerimiento presentado por los dirigentes.
“La pesca ilegal provoca que el sector pesquero se debilite, afectando los empleos formales y la calidad de vida de las familias de los trabajadores”, recalcó.
Diferencias en fiscalización
En tanto, Juan Carlos Gonzalez, señaló que “tiene que haber una fiscalización en los puntos de desembarque, y si bien sabemos que faltan medios, no podemos quedarnos solo con eso y no podemos ignorarlo, porque se mueve mucho dinero. En la pesca industrial somos completamente fiscalizados, con posicionamientos satelitales, bitácoras de pesca y otras medidas. Sin embargo, no vemos esa misma actitud para el sector artesanal”, explicó.
«Los reportes que entrega la propia subsecretaria de pesca indican 50.000 toneladas -cuando lo que se fija es 19.000- explicando la situación por la pesca ilegal y aún así no reacciona. El daño a los recursos es tremendo y cada año va en disminución. Si esto continúa habremos exterminado un recurso importante que es el recurso de merluza común», complementó Hugo Roa.
