En el sector acuicultura, durante 2022, las actividades de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura fueron 3.642
El informe da cuenta de los resultados de ejecución del plan Nacional de Fiscalización para el año 2022, mediante el cual se establecieron los programas especiales de control, tanto transversales como regionales, considerando las conductas de mayor riesgo, tanto para el cuidado de las pesquerías nacionales, como en la producción acuícola y control de la inocuidad, lo que orienta el despliegue regional de acciones de fiscalización que buscan mejorar el cumplimiento y desincentivar las conductas transgresoras. Es así que, al igual que años anteriores, que “los focos de control que estuvieron dirigidos a detectar los incumplimientos que representan mayor riesgo para la sustentabilidad en la pesca y acuicultura. Para este fin, se desarrollaron a nivel nacional, un total de 6 programas especiales de fiscalización, ello sin dejar de efectuar las demás actividades de control que responden a énfasis regionales y controles generales”, indicó la Directora Nacional de SERNAPESCA, Soledad Tapia.
El esfuerzo fiscalizador en las actividades pesqueras, se refleja en las 92.851 actividades totales en el año, un 21,8% más que el año anterior, donde destaca que la región del Biobío concentró el 39,8% del esfuerzo total nacional, explicado por las dimensiones de las pesquerías, cantidad de agentes en operación y tipos de conductas observadas. Se destaca, además, que, a nivel país, el propósito de la fiscalización pesquera se distribuyó en un 51,3% para el control de cuotas, 21,1% al control de acceso (autorizaciones), 15,1% al control de las vedas y 7% a la acreditación de origen legal.
A través del programa de monitoreo satelital de embarcaciones industriales, se controlaron diariamente, en promedio, 97 buques pesqueros. En el sector artesanal se registra un promedio diario de embarcaciones artesanales transmitiendo posición que llega a 400, esto es 121 embarcaciones más que el promedio registrado en 2021.
Fiscalizaciones de la Acuicultura
En la acuicultura, las actividades de fiscalización en el año 2022 llegaron en conjunto a 3.642, representando las inspecciones en terreno un 36,9 de ese total, lo que representa un 38,6% más que el año 2021. A nivel nacional, se inspeccionó presencialmente el 33% de los centros de cultivo en operación. Esta estrategia consideró en el ámbito del control de las operaciones, fortalecer las revisiones de la consistencia de la información declarada por los centros de cultivo, con énfasis en aquellos calificados de mayor riesgo.
En la fiscalización a los centros de cultivo a nivel nacional, destaca la región de Aysén que representó el 40,7% de los centros fiscalizados, mientras que en la región de Los Lagos se cubrió el 37,2% de los centros inspeccionados a nivel nacional el año 2022. También destaca la región de Magallanes, en la que se inspeccionó el 85% de los que operaron en esa región, logrando así, la mayor cobertura a nivel regional.
Durante el 2022 se realizaron en la acuicultura un total de 230 denuncias, de las cuales el 79% fueron enviadas a la a la Superintendencia de Medio Ambiente, 12,6 % a tribunales y 8,2% a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Inocuidad y Comercio Exterior
En el ámbito del control de la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas exportados, durante el 2022, Sernapesca realizó 1.943 inspecciones, 3,1% más que el año anterior, con el propósito de asegurar la calidad sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas de exportación. La región de Los Lagos concentró el mayor número de acciones, 827, correspondientes al 42,6%, le sigue Biobío con 410 actividades y el 21,1% de las inspecciones y luego las regiones de Magallanes y Coquimbo con el 9% y 7,6% respectivamente.
Respondiendo a los requerimientos exigidos por el mercado comunitario europeo, en el ámbito del control de inocuidad en toda la cadena alimentaria, es que se hace necesario fiscalizar el manejo sanitario en las embarcaciones artesanales y naves industriales que participan en las faenas de pesca extractiva. En el 2022, se habilitaron 3.898 embarcaciones artesanales, un 23,5% menos que el año anterior, siendo las regiones con mayor demanda por este concepto Biobío, Los Lagos, Coquimbo y Valparaíso, las que en su conjunto concentran un 78% del total habilitado a nivel nacional.
En el ámbito del Control de Programas de Aseguramiento de Calidad, para el 2022 existía un total de 176 establecimientos con PAC, los que, a su vez, consideraban 243 líneas de proceso habilitadas con este programa, las cuales cumplen con estándares de calidad basados en el análisis de peligros y puntos de control críticos. De este total de líneas con PAC, las regiones que concentraron un mayor porcentaje del total son Los Lagos 37,9%, Biobío 23,5% y Magallanes 13,6%.
Otras acciones operativas
El Servicio mantuvo el esfuerzo de asistir a terreno y atender el 100% de las denuncias de varamientos de fauna marina recibidas a través de la mesa de ayuda. Durante el 2022 se realizaron un total de 1.240 actividades de fiscalización en forma presencial y remota, tanto en las Reservas Marinas, como en los Parques Marinos bajo tuición del Servicio.
En relación a las denuncias que tramita el equipo jurídico de la institución, cabe destacar que, en el 2022, el número de denuncias a tribunales en las que el Servicio se hace parte llegó a 1.014 esto equivale a un 3,9% más de las del año 2021. Las regiones de Los Lagos con 17,9%, Coquimbo (10,5%) y Antofagasta (9,5%) son las que anotan una mayor proporción de estas denuncias. Los incumplimientos más frecuentemente detectados en el año 2022 están asociados a contravenir disposiciones asociadas referidas a la Acreditación de Origen Legal (22,6%) y capturar o extraer recursos en veda, con el 12,6%.
Los invitamos a revisar el documento, donde además podrá encontrar cifras de procedimientos de rescates de fauna marina protegida, control de pesca recreativa en aguas continentales, entre otros.
El análisis de los resultados permite reorientar las acciones de fiscalización hacia los focos de mayor riesgo, contribuyendo así a la sustentabilidad del sector, mediante una fiscalización integral y gestión sanitaria que influye en el comportamiento sectorial promoviendo el cumplimiento de las normas.