El personal embarcado de la flota industrial del Biobío inició hoy, tal como lo había advertido, un paro general, sumando a esta movilización a los trabajadores de plantas procesadoras (Radio...
El personal embarcado de la flota industrial del Biobío inició hoy, tal como lo había advertido, un paro general, sumando a esta movilización a los trabajadores de plantas procesadoras (Radio Bio Bio).
Además, protestaron en la puerta de Los Leones y entregaron una carta para el presidente Sebastián Piñera en Talcahuano.
Los barcos están en puerto y en las plantas se dejó de procesar, en lo que sería la primera paralización total de la industria pesquera de la Octava Región, aunque desde el gremio de Asipes, que agrupa a los dueños de las empresas, no comentaron ni confirmaron la detención total de su actividad productiva.
El detonante es una moción impulsada en la Comisión de Pesca de la Cámara, la que busca regular el método de captura de la jibia. Pues, aunque el proyecto le entrega un plazo de año y medio a las empresas para que se adecúen a la extracción solo con línea de mano, consideran que es el fin de la industria pesquera en la zona.
En el ingreso a la Base Naval de Talcahuano esperaron en vano el paso del presidente Sebastián Piñera, para hacerle ver los miles de puestos de trabajo en peligro, destacó el dirigente Juan Carlos González, presidente del sindicato de patrones.
Juana Silva, presidenta de Fesip (Federación de Trabajadoras de las Plantas de Proceso), criticó duramente a los parlamentarios por actuar, a su juicio, en contra de lo que dicen los informes científico técnicos del Instituto de Fomento Pesquero.
Desde el Gobierno coinciden en los argumentos que esgrimen estos trabajadores. El seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, manifestado a Radio Bio Bio que el subsecretario del ramo, en el sentido que no debe imponerse para la jibia solo un arte de pesca manual.
El paro se mantendrá al menos hasta este viernes, cuando esperan sostener, de acuerdo al compromiso de esta mañana, un encuentro con el Intendente para evaluar cómo puede el Ejecutivo intervenir para dejar sin efecto la iniciativa impulsada por los parlamentarios de la Comisión de Pesca.