La iniciativa del Gobierno promueve un cambio radical: pasar de licencias por 20 años renovables a permisos -sin clases- por 20 años, sin renovación y licitables en 100%. La Subsecretaría...
La iniciativa del Gobierno promueve un cambio radical: pasar de licencias por 20 años renovables a permisos -sin clases- por 20 años, sin renovación y licitables en 100%. La Subsecretaría de Pesca defiende el proyecto, y los gremios no descartan acciones legales. La ley de pesca vigente significó una recaudación fiscal de $19.821 millones en 2017. (El Mercurio).
El miércoles 2 de mayo marcó un hito para la industria pesquera. Ese día, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que busca perfeccionar la actual Ley de Pesca, conocida también como «Ley Longueira» -elaborada en el primer gobierno del Presidente Piñera-, y que fue parte del debate de la última campaña presidencial, en el marco de los compromisos asumidos con el senador Manuel José Ossandón.
La iniciativa, enviada al Parlamento en lo medular, modifica el mecanismo de licencias transables de pesca, proponiendo un cambio radical: fija un sistema de permisos sin distinguir clase -hoy hay licencias de clase A para pesqueras industriales y de clase B para artesanales-, por un período de 20 años no renovables, en lugar del sistema actual, de 20 años renovables. Con ello, pretende terminar con los llamados permisos «indefinidos». Pero además, establece un sistema 100% licitable y abierto a nuevos actores, todo una vez que venzan las actuales licencias, en 2032.
Como era previsible, la iniciativa ha acumulado detractores en ambos lados de la vereda. Parlamentarios de la Nueva Mayoría, independientes y de Evópoli, integrantes de la comisión de Pesca del Senado hicieron circular esta semana una dura minuta cuestionando la iniciativa, anticipando una ardua discusión en el Congreso.
También los pescadores industriales se están articulando. Este jueves hubo una reunión de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción, donde abordaron el tema, y asistieron los «peces gordos» del sector: Rodrigo Sarquis, Jan Stengel, la familia Izquierdo, los Fosk, además de la presidenta del gremio, Macarena Cepeda. Y el viernes, la pesquera Blumar tuvo su cita anual estratégica en Zapallar, donde estaban reunidos todos los ejecutivos.
Como sea, ¿cuánto pesa el sector para el fisco? En 2017, la recaudación total que aportó la actual Ley de Pesca fue de $19.821 millones, según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que acompaña el proyecto de ley enviado al Congreso, los cuales «no se verán afectados» por la iniciativa del Gobierno, consigna el informe.
Críticas por la urgencia de discutir algo que operará en 2032
Uno de los principales debates sobre el proyecto es que recién se implementaría el mecanismo de licitación en 2032, pues se mantienen vigentes los 20 años de duración de las actuales licencias.
De un lado, la Federación Gremial de Industriales Pesqueros de la Macro zona X, XI y XII Regiones (Fipes) plantea que se absorbe «tiempo y esfuerzo de todos para legislar sobre algo para lo que aún faltan 15 años, en vez de trabajar en la solución de los graves problemas que enfrenta la actividad pesquera hoy en nuestro país».
Y quienes apoyan el cambio de la actual ley -como el senador Rabindranath Quinteros- han llevado propuestas para acortar las licencias industriales hoy vigentes a 10 años para resolver el tema en un plazo más acotado, lo que en el Ejecutivo descartan de plano.
Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca, emplaza a los parlamentarios a aprobar el proyecto: «Ahora veremos quiénes son las personas que verdaderamente pretenden establecer un cambio en el régimen industrial, de forma tal que al cabo de los 20 años que actualmente están rigiendo, se licite al 100% de esa cuota industrial para construir una industria competitiva, en un mercado que es regulado», afirma.
Agrega que la iniciativa del Gobierno establece además que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) deba hacer las recomendaciones necesarias para evitar el abuso de posición dominante. El subsecretario indica que están expectantes a que los citen a la comisión de Pesca del Senado para explicar el proyecto que ingresaron con urgencia.
«¿Se imagina que las pertenencias mineras se licitaran a nuevos actores cada década?
La modificación del mecanismo de licitación es la que concentra las mayores críticas entre las pesqueras industriales. El argumento es que ya en la ley actual se cambiaron los permisos indefinidos por autorizaciones a 20 años renovables (Licencias Transables de Pesca) y mantuvo la perpetuidad al mundo artesanal, por lo cual una nueva modificación genera resistencias.
«El proyecto de ley es expropiatorio y discriminatorio», dice Osciel Velásquez, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). A su juicio, «es evidentemente discriminatorio frente a otros sectores de la economía, que utilizan recursos naturales para su actividad y sí tienen una certeza jurídica para operar. Es discriminatorio, también, dentro del sector pesquero, porque no trata de igual manera a todos los actores, porque propone una licitación en favor de un sector», señala.
Sonapesca asegura estar abierta al diálogo y disponible para explicarles a las autoridades su visión, pero no descartan tomar acciones legales, lo mismo que Asipes.
Sobre la modificación en el sistema de licitaciones, un conocedor indica que sienta un precedente complejo, pues levantaría dudas en otras industrias, que renuevan sus licencias por derecho. «¿Se imagina usted que el espectro radiofónico o los derechos de agua o las pertenencias mineras se licitaran a nuevos actores todos los años o cada década? El fondo jurídico de los permisos de pesca que hoy tiene el sector industrial son iguales que los otros sectores económicos. Operamos en base a permisos que nos entregó el Estado hace 60 años y que le han permitido al sector invertir y ser un pilar exportador para Chile», dice Macarena Cepeda, de Asipes.
Pero el subsecretario Riquelme discrepa. «Creemos que la renovación futura no son derechos, son expectativas, y el ordenamiento jurídico chileno perfectamente puede modificar el régimen de renovación de esas licencias, al punto de terminar con la renovación y hacer una licitación del 100%», indica. «Si ejercen acciones legales, están dentro del ordenamiento jurídico, no hay conflicto. Pero como Gobierno tenemos que ponderar todos los puntos de vista», afirma.
¿Llegarán nuevos actores?
Uno de los objetivos de la nueva legislación es incentivar la llegada de nuevos actores al mercado. No obstante, hay fuentes en la industria que indican que eso no necesariamente sucederá, por las condiciones que se requieren para participar en la industria pesquera: barcos -en Chile hay un registro cerrado de barcos-, áreas de descarga, plantas pesqueras, que a su vez deben contar con permisos ambientales y concesiones marítimas, entre otros. «Lo que pasará es que postularán las mismas empresas de hoy», asegura un conocedor.
Sin embargo, hay otra visión más radical que está proliferando en la industria, y es que el recurso será cada vez más escaso. De hecho, el grupo Angelini, el mayor actor del sector a través de Corpesca, tiene la estrategia de no aumentar su crecimiento más allá de lo que tiene hoy y ampliarse a mercados fuera de Chile, como Brasil y otros, que están en revisión.
Urgen por licitar fracciones de pesquerías
Un punto adicional, dice un conocedor, es que «la ley corta» pudo haberse hecho cargo de las fragmentaciones de las pesquerías entre el mundo artesanal e industrial. Por ejemplo, hoy la merluza es de pesca 50% industrial y 50% artesanal, y este fraccionamiento, en la práctica, vence en 2032. Por ello, hay actores que indican que se debió rayar esta parte de la cancha para saber realmente qué se va a licitar en 2032.
El subsecretario Riquelme dice que es un tema prematuro, aunque precisa que dicho fraccionamiento, «debe estar determinado desde luego antes de que se realicen las licitaciones, el año 2030, pues debe existir claridad acerca de qué es lo que se licitará en concreto».
