Piden avanzar en mejoras en la fiscalización y certificación del 100% de los desembarques para evitar la desaparición del recurso.
La Jefa de Sustentabilidad de la Asociación de Industriales Pesqueros, Monserrat Jamett Leiva, dijo que pese a que la totalidad de capturas de la pesca industrial son certificadas cuando son descargadas en puerto, aún existen muchos recursos pesqueros artesanales sobre los cuales no hay ningún tipo de visado que permita conocer si se cumplen o no las cuotas autorizadas, pues es una declaración voluntaria.
A las cero horas de ayer miércoles 1 de septiembre comenzó la tradicional veda reproductiva de la Merluza Común, conocida popularmente como “pescada”. Esta prohibición de captura rige para el sector pesquero en su conjunto y se ejecuta para asegurar una adecuada reproducción y desove de este recurso, a fin de mantener su sostenibilidad en el tiempo. En el caso de la merluza, esta veda se extiende por 30 días.
Al respecto los Pescadores Industriales del Biobío, a través de la Jefa de Sustentabilidad, Monserrat Jamett Leiva, llamaron a los consumidores a cumplir un rol fundamental frente a las diversas vedas biológicas que establece la autoridad sobre diversos recursos pesqueros, no comprando ni consumiendo pescados o mariscos frescos que se encuentren en prohibición. “Si las personas asumimos ese compromiso, estamos cumpliendo un rol central, que es decirle en la práctica a quienes actúan sacando del mar estos recursos de manera ilegal, que sabemos que es un delito y que pone en severo riesgo la salud del mar y sus recursos”, afirmó la ejecutiva.
Por otra parte, Monserrat Jamett dijo que pese a que el 100%de las capturas de la pesca industrial son certificadas por Sernapesca cuando son descargadas en puerto, “existen muchos recursos pesqueros artesanales sobre los cuales no hay ningún tipo de visado que permita conocer si se cumplen o no las cuotas autorizadas, pues se trata de una declaración voluntaria para las naves menores. El caso más grave es el de la merluza común o pescada que está gravemente afectada por pesca ilegal artesanal, preferentemente en la Región del Maule, donde diferentes estudios señalan que se pesca hasta 5 veces la cuota autorizada o sostenible. A ese ritmo de depredación nuestros hijos no podrán comer merluza. Allí se hace urgente la certificación”, afirmó.
Nuestra visión sobre esta grave problemática pasa por dotar de más y mejores recursos técnicos, tecnológicos y humanos al Servicio Nacional de Pesca. “También entregarles una mayor protección frente a las amenazas y violencia de la que son víctimas sus fiscalizadores por quienes operan estas mafias de pesca ilegal y lograr por ley que el 100% de los desembarques de merluza sean certificados obligatoriamente. Esto permitirá que todos los chilenos estemos seguros de que la pesca que se hace, en particular en el Maule, es sostenible y se ajusta a las cuotas de capturas fijadas por la autoridad”, aseguró la experta y pidió que el Congreso legisle de manera urgente en este sentido.
Por último, la Jefa de Sustentabilidad de ASIPES invitó a los actores pesqueros, parlamentarios, ONG ambientalistas y al Gobierno a establecer un diagnóstico compartido y certero de las causas por las cuales la Merluza Común no logra recuperarse. “Toda la información experta y técnica señala que la pesca ilegal está acabando el recurso, por ello es tan importante que todos nos pongamos a combatir este problema, protejamos la merluza, para que siga siendo patrimonio gastronómico de todos los chilenos, concluyó.
