Cooke obtuvo permisos para sembrar en Huillines 2 y 3, pero la SMA logró frenar sus operaciones con una llamada al Tribunal Ambiental.
La empresa Cooke Chile denunció un nuevo conflicto regulatorio con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tras la paralización de la siembra en sus centros Huillines 2 y Huillines 3. Según la compañía canadiense, meses de gestiones que tuvieron un alto costo técnico y económico, obtuvo las autorizaciones requeridas por parte del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), al acreditar el cumplimiento de las normas ambientales y operacionales vigentes.
No obstante, la empresa sostiene que, tras conocerse la aprobación de dichos permisos, una abogada de la SMA, Katharina Buschmann, habría solicitado por vía telefónica al ministro Carlos Valdovinos del Tercer Tribunal Ambiental la autorización judicial para paralizar la siembra, sin entregar pruebas, antecedentes ni fundamentos técnicos en ese momento, según la empresa. A juicio de Cooke, esta actuación impidió arbitrariamente el inicio de las actividades productivas.
La medida provisional fue finalmente autorizada el 1 de abril por el ministro del Tribunal, Carlos Valdovinos. Según consta en la resolución oficial, la solicitud telefónica se amparó en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la SMA, que permite gestionar este tipo de medidas “por la vía más expedita” en casos de riesgo ambiental inminente. El tribunal fundamentó la detención en la inminencia de la siembra y en posibles impactos al ecosistema marino del Parque Nacional Laguna San Rafael, citando estudios aportados por la SMA sobre la alteración de sedimentos por acuicultura intensiva.
«En Chile no existe certeza jurídica en materia acuícola»
Al respecto, Andrés Parodi, gerente general de Cooke Chile, indicó que “lo ocurrido esta semana es una prueba de que, al menos en materia acuícola, en Chile no existe certeza jurídica. Trabajamos por meses para obtener los permisos y con un simple llamado telefónico la SMA es capaz de paralizar dos centros de cultivo, lo que tiene un efecto devastador en la sustentabilidad y el empleo en estas unidades productivas”.
El ejecutivo precisó que “hace algunas semanas, mediante un oficio firmado personalmente por el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, el Estado de Chile nos confirmó que Cooke tenía razón en cuanto a que las cantidades que podía sembrar, desvirtuando la posición de la SMA. A pesar de ello, en un acto verdaderamente abusivo, esta última entidad insiste en pasar por encima y desconocer las facultades de los organismos acuícolas especializados”.
Finalmente, Parodi agregó que “tenemos la voluntad firme y decidida de seguir trabajando en Chile, porque confiamos en que finalmente se hará justicia y se respetará la ley y el aporte al país del sector acuícola, que es la actividad económica principal en vastas regiones del sur de Chile”.
