Los senadores de Los Lagos se oponen al proyecto de ley que podría afectar a la salmonicultura en áreas protegidas.
Este fin de semana, los tres senadores de la región de Los Lagos, Iván Moreira (UDI), Fidel Espinoza (PS) y Carlos Kuschel (RN), confirmaron su oposición al proyecto de ley que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Una preocupación común entre ellos es la modificación del artículo 158. La votación de la iniciativa está programada para este lunes en la comisión mixta de medio ambiente y el martes 30 en la sala del Senado. Algunos diputados de la zona esperan que mañana se resuelvan las diferencias y subrayan la importancia de avanzar hacia normas mejoradas.
Según consignó El Llanquihue, Moreira indicó que «nosotros estamos a favor de la ley que crea el SBAP, pero nos preocupa que el Gobierno busque utilizar este proyecto para poner en riesgo a una industria que entrega miles de empleos en nuestra región. Esto no se trata de defender a las salmoneras, se trata de resguardar la principal fuente de empleos en el sur del país».
Espinoza, por su parte, sostuvo que «no hay peor sordo que el que no quiere oír. Espero entiendan en el Gobierno que esta misma gente los apoyó en un alto porcentaje». Por lo mismo, el parlamentario que estuvo en la marcha de los trabajadores de la industria del salmón, aseveró que apoyará a los operarios y votará en contra del artículo 158 en la Cámara Alta.
En tanto, Kuschel dijo que «votaré en contra de esta propuesta del Gobierno de (Gabriel) Boric. La actividad económica del salmón lleva casi diez años sin inversiones de envergadura en nuestra región. La normativa está obligándola a la concentración, como sucedió con las farmacias, ferreterías y otras actividades víctimas de la ideología y malas políticas públicas».
Los comentarios surgen pese a que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, asegurara el sábado que el proyecto de ley del Gobierno «no tiene efecto en el empleo». «Quisiera ser muy enfática, la propuesta que tenemos para la Ley de la Naturaleza no tiene efecto en el empleo de las personas que trabajan en la industria de los salmones», acotó. Y si bien dijo empatizar con las personas «que están preocupadas», remarcó que dentro de las amenazas a la naturaleza se encuentran las «especies exóticas invasoras» y que los salmones son parte de ellas. «Esa es la razón por la que estamos proponiendo crear áreas protegidas, para protegerlas de las amenazas que incluye a los salmones», puntualizó.
Considerando la votación del lunes, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, afirmó que «tal como hemos sostenido durante los últimos días, hay aspectos en esta discusión que ponen en riesgo el futuro de nuestra actividad, porque el Ejecutivo propuso una modificación al artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura, eliminando a futuro la salmonicultura en reservas nacionales y forestales». «Si hoy existe acuicultura en reservas, es porque el Estado otorgó concesiones en lugares que después se constituyeron en reserva o, porque las otorgó en lugares donde lo protegido está en tierra firme», indicó.
Agregó que «el Gobierno argumenta que esta ley no es retroactiva, que entrega certeza a la industria ya instalada en áreas protegidas y que permite que aquellos procedimientos actualmente avanzados puedan finalizar su tramitación. Sin embargo, no explica que hay cerca de 100 concesiones en áreas protegidas que van a caducar en los próximos 15 años y que no van a poder ser renovadas. Tampoco explica que las 300 relocalizaciones, que han estado pendientes por 12 años, no tendrán espacio alguno para ser relocalizadas».
Por ende, Clément sostuvo que el artículo «sí genera incertidumbre; sí afecta al empleo, a proveedores, a pymes, a emprendedores y a la cadena de valor de este sector; sí afectará gravemente al desarrollo productivo del país y particularmente del sur austral».
¿Qué dice el artículo 158?
En detalle, el artículo 158 de la actual Ley de Pesca asevera que «las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura». No obstante, precisa que «en las zonas marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades».
Además, que «previa autorización de los organismos competentes, podrá permitirse el uso de porciones terrestres que formen parte de dichas reservas, para complementar las actividades marítimas de acuicultura». Sin embargo, la indicación impulsada por el Ejecutivo busca terminar con dicha excepción, quedando restringida toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura en zonas protegidas.
Según ahonda la ministra Rojas en una carta al director publicada en El Mercurio «preocupa la manipulación y nivel de desinformación con que este tema ha sido difundido por algunos actores, quienes han generado un ambiente de alarmismo y miedo que no se condice con la realidad».
«Hoy existen 426 concesiones en áreas protegidas, las que representan cerca del 30% de las concesiones de acuicultura total del país y al respecto quisiera aclarar que la indicación ingresada busca prohibir el futuro otorgamiento de nuevas concesiones en las seis categorías de áreas protegidas del país, eliminando la excepción del actual artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura que -desde 2002- permite el cultivo en reservas», añadió.
Así, sostuvo que «la indicación no tiene incidencia alguna en las concesiones vigentes al interior de las áreas. Como Ejecutivo hemos buscado el equilibrio entre la protección del empleo actual -el que no se verá afectado- y la necesaria protección de los ecosistemas en las áreas protegidas, las que representan territorios que como sociedad escogemos cuidar y que son una fuente de riqueza para Chile y sus actuales y futuras generaciones».
*Fuente: Emol
