Iniciativa busca establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad del país.
«Queremos expresar nuestra preocupación por la tramitación que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ya que modificaría el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que prohibiría aproximadamente el 60% de las actuales concesiones, poniendo en riesgo la continuidad de la industria salmonicultora en la región y el país», señalaron mediante una carta pública diferentes organizaciones vinculadas con la acuicultura y la pesca de la Región de Aysén, entre ellas la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de la región de Aysén Acuiprov Ag.
«Esta medida pondría fin a una actividad económica que ha contribuido al desarrollo de nuestro territorio austral durante más de 30 años sacando a muchas familias de la pobreza, y ha generado empleo digno a miles de familias», agregaron.
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