Es un hecho cierto y conocido que el espíritu de la ley 20.249 que creó los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, hace rato que se tergiversó y muchas...
Es un hecho cierto y conocido que el espíritu de la ley 20.249 que creó los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, hace rato que se tergiversó y muchas “comunidades indígenas” (entre comillas ya que la mayoría de estas Comunidades son el interesado y su familia directa. Nadie más) han abusado de la ley y han solicitado como ECMPO toda la superficie marina que se les ha ocurrido, sin fundamento alguno y con sólo un ánimo de lucrar.
Desde el año 2008 que se aprobó esta ley, ningún parlamentario ni ningún Gobierno (dos Gobiernos de partidos de derecha) se ha atrevido a enfrentar el tema y simplemente, lo dejan pasar.
La diputado de Renovación Nacional por Aysén, Sra. Raphael ha sido la primera en proponer una modificación seria a la ley. Bravo por ella!.
La situación actual no puede ser más preocupante. Desde el 2008 se han otorgado 24 EMCPO, de los cuales un 83% están en la Región de Los Lagos, con una superficie otorgada de 220 mil hectáreas. Actualmente hay 82 solicitudes en trámite por una superficie de más de 2 millones y medio de hectáreas.
Estas cifras nos demuestran desde ya, la gravedad del problema. Claramente se ha desvirtuado totalmente el espíritu de crear espacios para “preservar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales”, como reza la ley.
Esto impacta gravemente a la industria, ya que actualmente hay 519 solicitudes de acuicultura (traslados, modificaciones, etc), que se sobreponen a solicitudes de EMCPO, por lo que han quedado paralizadas.
Las concesiones marítimas en proceso de renovación o de otorgamiento que se encuentran paralizadas por este mismo fenómeno superan las 1000.
Tal como lo señala la diputado Raphael en su proyecto, este fenómeno “sin lugar a duda termina paralizando el desarrollo de la actividad económica – principalmente – en la zona sur de nuestro país, en razón a que inicialmente no se tiene mayor certeza respecto de las áreas que pueden terminar siendo solicitadas, cuestión a la que se le suma, el tiempo por el cual puede verse suspendidos estos procesos en base al requerimiento del ECMPO, dado que, se ha podido constatar que a pesar de que el reglamento que regula el otorgamiento de éstos, indicándose de manera específica los plazos de tramitación de cada uno de los organismos involucrados, llegando a contabilizar casi 12 meses, en “la práctica los procesos de asignación de un ECMPO (las solicitudes aprobadas) promedian 5,94 años de tramitación, y las solicitudes pendientes promedian 7,42 años de tramitación.”
No sólo se ha afectado la industria acuícola, sino que incluso, ha afectado al mundo pesquero artesanal, al establecerse prohibiciones al tránsito de los pescadores por estas áreas, a menos que paguen un “pizzo”, como la mafia siciliana. Además, no es raro las comunidades que cobran a los interesados para desafectar áreas.
El proyecto hace un interesante análisis del Derecho comparado, especialmente con la Marine and Coastal Area Act (Takutai Moana) de Nueva Zelanda, que establece que resulta necesario que los derechos de pesca se encuentran totalmente preservados, estableciéndose expresamente que “nada en esta Ley impide el ejercicio de cualquier derecho de pesca conferido o reconocido por o en virtud de una ley o norma de derecho.”
El proyecto establece antigüedad mínima de la Comunidad para poder pedir una EMCPO, como asimismo, establecer plazos máximos de suspensión de las demás solicitudes en trámite en el área solicitada, entre otros aspectos técnicos.
Asociaciones hagan el debido lobby para obtener los votos necesarios a tan importante proyecto.
Escrito por el abogado Ronald Schirmer Prieto
