El grupo que integra el pacto controlador de Falabella es uno de los principales acreedores de la empresa salmonera que actualmente está en reorganización.
«Esta acción judicial no va dirigida en contra de Nova Austral, sino que se enmarca en un conflicto entre accionistas y tenedores de bonos por hechos no relacionados a la actual administración de la empresa. Por lo tanto, esta acción legal no altera la operación ni el proceso de reorganización judicial en el que se encuentra actualmente la compañía», señalaron oficialmente desde Nova Austral.
Ello en función de una arremetida judicial por parte de la familia Solari Danoggio, quienes decidieron tomar acciones legales -a través de la sociedad Fratelli Investements Ltd- en contra de ex directores y ex ejecutivos de Nova Austral, por medio de una querella por el delito de estafa por US$300 millones, según consigno Diario Financiero.
La arremetida legal es patrocinada por el abogado penalista Carlos Cortés Guzmán y está dirigida a Yngve Myhre, ex presidente del directorio de Nova Austral; Halvor Meyer, es director de la compañía y socio de Bain capital; Tom Christian Jovik, director de la empresa y principal de Altor; Nicolás Nicolaides, ex gerente general de Nova Austral, y Sergio Andrés Montenegro, ex director financiero.
La querella fue declarada admisible en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.
El origen de la acción tiene que ver con la revocación de tres concesiones a Nova Austral, producto de un histórico fallo por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ante casos de sobreproducción ocurridos durante la administración de Nicolaides.
Estos hechos tienen al ex gerente general y otros cuatro ex ejecutivos de alto nivel formalizados tras ser acusados de entregar información falsa al Fisco y de abusar de la ley Navarino, la cual entrega beneficios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.
Estos hechos han derivado en multas para la empresa y una situación financiera en picada, a lo que ahora se suma la querella de los Solari. Según se expone en el escrito, «durante el año 2017, los querellados, en sus calidades de ejecutivos y/o administradores de Nova Austral, planearon, desarrollaron y ejecutaron un plan criminal afín de obtener fraudulentamente recursos para la compañía».
En esa línea, se argumenta que la empresa aparentó una «triple línea de hechos falsos», dando a entender que la compañía cumplía con altos estándares medioambientales; con un estándar de producción superior al mercado y disimulando su situación financiera «a fin de ocultar su estado de insolvencia». «Disimularon la situación de la empresa a fin de obtener que terceros les entregasen millonarias sumas de Dinero para luego disponer del mismo y deshuesar íntegramente a la empresa (…) A lo menos, desde el año 2016, la compañía incurría en graves infracciones legales, administrativas y medioambientales, que implicaban una situación diametralmente distinta a la aparentada», agrega.
