El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió al encuentro no registrado con empresarios del sector salmonicultor. Defendió su participación argumentando la relevancia del sector y la naturaleza general de las discusiones.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha ofrecido más detalles tras la polémica suscitada por un encuentro no registrado por Ley de Lobby con empresarios del sector salmonicultor en la casa de Pablo Zalaquett, según reveló un reportaje de Ciper.
En una entrevista con Canal 13, Grau defendió su participación en dicha conversación, argumentando la relevancia que el gobierno del Presidente Gabriel Boric otorga al sector del salmón y la naturaleza general de las discusiones que, según él, no ameritaban registro oficial. El ministro afirmó que se centró en discutir la importancia de relocalizar parte de las concesiones salmoneras en áreas protegidas.
Sin embargo, el ministro admitió desconocer inicialmente la presencia de representantes del sector pesquero en la reunión, indicando que, de haberlo sabido, habría considerado su asistencia de manera diferente.
Grau enfatizó que la ley de lobby no exige el registro de conversaciones generales y no específicas sobre leyes o asuntos particulares, sosteniendo que su participación en reuniones de este tipo es razonablemente no registrada.
El ministro resaltó su historial transparente en audiencias de lobby, mencionando que, durante su mandato, se han llevado a cabo 250 de estas reuniones con distintas industrias, incluyendo seis con representantes del sector salmonicultor.
Además, Grau abordó el tema de la nueva ley de pesca, desmintiendo que la normativa implique una expropiación, sino que se trata de autorizaciones de extracción en áreas delimitadas, no de derechos de propiedad.
Por último, el ministro adelantó la presentación de un proyecto de reforma de permisos sectoriales, instando a no interpretarlos bajo la etiqueta de «permisología», sino como medidas para salvaguardar problemas o riesgos existentes en proyectos de inversión, con el objetivo de reducir tiempos y procedimientos en su tramitación.
Fuente y créditos información: La Tercera