La Ley Lafquenche (20.249) fue promulgada en 2008 y regula la destinación, administración y término de todo espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPOs) reconociendo los usos consuetudinarios de las comunidades indígenas.
Según lo indicado por AmiChile, diferentes segmentos productivos de la mitilicultura esperan acciones concretas de las autoridades para continuar haciendo uso del borde costero como lo han hecho históricamente, ya que debido a la gran cantidad de hectáreas que se están solicitando a través de la Ley Lafquenche no pueden operar con normalidad.
La Ley Lafquenche (20.249) fue promulgada en 2008 y regula la destinación, administración y término de todo espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPOs) reconociendo los usos consuetudinarios de las comunidades indígenas.
Si bien la ley se basa en demandas legítimas hechas por años, la gran problemática que generan estas solicitudes ECMPOs -que a la fecha son alrededor de 4 millones de hectáreas solicitadas-, es el efecto suspensivo sobre cualquier otra destinación o proyecto que se quiera realizar en el borde costero, ya sean concesiones acuícolas, áreas de manejo, permisos de escasa importancia, proyectos turísticos, navegación deportiva, etc.
Este hecho ha afectado a muchos sectores productivos que hacen uso de estos espacios, especialmente a los mitilicultores, quienes ven con mucha preocupación que todo el trabajo y recursos invertidos para poder contar con las concesiones acuícolas -que llevan años en trámite- no les sean otorgadas. Sumado a ello, tampoco pueden acceder a los permisos transitorios que han utilizado históricamente para el desarrollo de sus actividades complementarias, como mantención de líneas de cultivo, plataformas, embarques y desembarques de sus productos, entre otras.
Según establece la Ley, el trámite de solicitud de un espacio debería ser de 12 meses, sin embargo, en la práctica, el promedio alcanza los 4 años y medio, o más, lo que genera malestar en el sector, debido a la lentitud de los procesos y la gran incertidumbre que se crea en torno a esta situación.
Yohana González, gerente general de AmiChile, señala que como gremio están de acuerdo con las demandas de los pueblos originarios en la recuperación de espacios ancestrales, pues es un derecho, pero les preocupa que las grandes extensiones de superficie que se están solicitando eviten que la mitilicultura pueda seguir creciendo y que no se pueda seguir trabajando en los sectores donde históricamente lo han hecho.
Por su parte, Arturo Astroza, mitilicultor de la comuna de Quinched, comenta que “es de su absoluto derecho que las comunidades tengan el territorio que es parte de su historia, ellos estuvieron aquí primero que nosotros, pero me parece que tiene que haber una regulación, pues en este momento no es justo lo que le está pasando a todos quienes nos hemos esforzado durante años”.
Y agregó: “Nosotros trabajamos y convivimos con comunidades indígenas del sector de Quinched hace más de 18 años, nos respetamos, colaboramos entre nosotros, esta actividad es importante, porque tiene un quehacer social, damos trabajo a sectores rurales, hemos establecido relaciones largas, y aquí estamos, los mismos de siempre, pero falta que el Estado se preocupe de lo que estamos haciendo”.
Astroza comenta que siente que con la Ley Lafquenche la mitilicultura podría no poder seguir ejerciéndose, lo cual, en su opinión, sería malo para el país y la región, ya que “son muchas las personas que participan directa o indirectamente en la mitilicultura, es una actividad que impacta en las localidades”.
En tanto, el Presidente del Sindicato de Pescadores de Curanué, comenta que esta situación los ha afectado mucho y no sólo a ellos, sino que también al sector, pues se están perdiendo muchos trabajos por la falta de espacios para captar semillas: “Hemos intentado conversar, pero no se ha podido. Se han entregado demasiadas extensiones de mar, lo que daña nuestra actividad económica que es el sustento de mucha gente”, señala.
“En el caso de la captación de semillas, por ejemplo en Compu, teníamos la opción de acceder a los permisos transitorios, pero ahora la Ley Lafquenche nos está afectando porque se les entrega todo a las comunidades y no queda nada para que nosotros podamos trabajar”, agrega.
Finalmente, aclara que no hay malas relaciones con las comunidades indígenas, pero que la falta de dialogo para que todos puedan usar el borde costero está elevando sus costos de trabajo, teniendo que verse obligados a buscar semilla fuera de la zona, pues no quieren tener problemas, ya que esta situación es parte de la Ley, sin embargo, les gustaría que las autoridades creen mesas de dialogo para poder llegar a acuerdos y que se resguarden los sectores que históricamente hemos usado nosotros los mitilicultores.
En esa misma línea, Claudio Torres, Presidente de Asociación de Mitilicultores de Calbuco, también considera que el espíritu de la Ley Lafquenche es positivo, pero que muchas veces se mal interpreta: “Creemos que esta normativa debe ser abordada con más seriedad, porque ha generado muchos conflictos y divisiones entre todos los que somos parte de este sector”, además, añade que hace mucho tiempo están esperando las relocalizaciones de concesiones sin poder avanzar: “esto genera imposibilidad de seguir trabajando en captación de semilla, engorda o recolección de algas”, señala.
Para muchos trabajadores de la industria hay falta de empatía por parte de las autoridades, ya que sienten que no están bien informados sobre lo que ocurre realmente con quienes no han podido seguir trabajando: “En la CRUBC se deberían sensibilizar con todos los territorios de nuestra región, informarse de lo que se está discutiendo en las mesas que existen entre mitilicultores, algueros, pescadores y desde ahí tomar los respectivos acuerdos para lograr un bien común y sustentable para nuestro sector productivo”, sentenció Torres.
En ese sentido, desde AmiChile esperan que las autoridades -más allá de reconocer los efectos y potenciales conflictos que se están generando por la implementación de la Ley Lafquenche-, materialicen acciones concretas, donde se reconozca y respete el derecho ancestral de las comunidades indígenas, pero que también se permita el uso del borde costero de todas las actividades presentes y futuras que en él se desarrollan, tal como lo establece la Política Nacional del Uso del Borde Costero.
