La AIP insta al gobierno y a la Cámara de Diputados a considerar la diversidad regional en la Ley de Pesca y Acuicultura.
En el contexto del actual debate parlamentario en torno a una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) llamó al gobierno y a la Cámara de Diputados a legislar contemplando la diversidad de realidades locales y productivas en el mar chileno. El gremio local, cuyos socios se dedican a la captura, procesamiento y distribución de crustáceos demersales –camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado–, ha insistido en reclamar que sus puntos de vista sean tomados en cuenta por las autoridades, dadas las amenazas que se ciernen sobre el sector a raíz del proyecto de ley, las que podrían hacer inviable la continuidad de su rubro y poner en peligro la estabilidad de los cerca de dos mil puestos de empleo directos e indirectos que, se calcula, dependen de él, y que se concentran fundamentalmente en la comuna de Coquimbo.
Según la entidad gremial, en el extenso litoral de Chile se diferencian, al menos, cuatro zonas pesqueras con características propias: desde Arica hasta Chañaral, de Caldera hasta la región de Coquimbo, la zona centro-sur (con su centro de gravedad en la región de Biobío) y desde Puerto Montt a la región de Magallanes. Sin embargo, la propuesta legal no incorporaría esta realidad.
“Da la impresión que se legisla de Arica a Punta Arenas con una sola regla y las realidades regionales son muy distintas”, declara el gerente de AIP, Héctor Téllez. Según el personero, una muestra de este problema sería la intención de conformar un único consejo zonal de pesca para toda la zona norte del país, medida que implicaría ignorar las diferencias en la naturaleza de las empresas, que en la región de Coquimbo son mayoritariamente de origen local y tamaño pequeño, mientras que en zonas como Iquique corresponden a filiales de grandes conglomerados.
“Esas generalizaciones nos preocupan porque nuestra realidad se perdería. Nuestros desembarques en el ámbito nacional son muy pequeños, por lo tanto no cobramos importancia si estamos al lado de una región que desembarca muchas veces más en volumen; los crustáceos se pelan manualmente, somos empresas altamente dependientes del trabajo humano, no estamos mecanizados”, explica Téllez.
El ejecutivo comenta que “en la eventualidad de que se aprobara la norma propuesta de licitar el 50% de los recursos (de las cuotas de captura), nosotros quedaríamos muy desfavorecidos, no tendríamos espaldas para ir a licitar. Otro tema que nos preocupa son las licencias de pesca, que el plan es rebajarlas a diez años; hay que considerar que cuando un empresario pesquero invierte son grandes volúmenes que hay que amortizar, y diez años, en muchos casos, es insuficiente, eso puede desalentar la inversión”.
Téllez resalta, igualmente, que la pesca de crustáceos demersales goza de certificaciones internacionales que dan testimonio de su sostenibilidad ambiental y subraya los esfuerzos de la industria local para superarse en este ámbito, incluyendo la ejecución de recientes proyectos que han permitido dar utilidad a los desechos de las capturas. “La colita representa entre un 12 y un 25 por ciento del peso del crustáceo, dependiendo de si es langostino o camarón; con el resto nuestras empresas se han ido acoplando a la economía circular, estamos haciendo harina, quitosano, paté, saborizantes para comidas, en base a los residuos de crustáceos. Redujimos el envío de residuos a vertederos, ese es un gran logro de las empresas que estamos en la región”, señala.
Cabe indicar que el proyecto de ley en cuestión fue ingresado por el gobierno el pasado 2 de enero, hallándose en primer trámite constitucional. Fue aprobado en general por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados el 20 de marzo, hallándose desde entonces en la discusión de su articulado en particular.
