Tras varios meses de desplome en la demanda, el sector pesquero latinoamericano cierra 2020 con la mirada puesta en tres desafíos: el impacto de la pandemia, el futuro de los cuestionados subsidios que promueven la sobreexplotación y el riesgo que supone una megaflota china sospechosa de realizar pesca ilegal en sus costas.
Según la FAO, la pesca y la acuicultura han sido, precisamente, los sectores de la producción alimentaria más «severamente afectados» por la pandemia.
Tras varios meses de desplome en la demanda, el sector pesquero latinoamericano cierra 2020 con la mirada puesta en tres desafíos: el impacto de la pandemia, el futuro de los cuestionados subsidios que promueven la sobreexplotación y el riesgo que supone una megaflota china sospechosa de realizar pesca ilegal en sus costas.
Aunque Latinoamérica cuenta con una industria productiva -representa un 7 % de la producción pesquera y acuícola global con unos 14 millones de toneladas anuales-, la región encara un retroceso que se acentuó este año con la crisis sanitaria y el repunte de la pesca ilegal.
En esta coyuntura, «el sector en la región ha sufrido la contracción de la demanda, que ha caído entre el 40 % y el 70 %, dependiendo del país», advirtió a Efe Alejandro Flores Nava, oficial principal de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
Un sector muy afectado por la pandemia
Según la FAO, la pesca y la acuicultura han sido, precisamente, los sectores de la producción alimentaria más «severamente afectados» por la pandemia. Esto lo reafirma un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que mostró caídas representativas entre enero y julio pasados en las exportaciones del sector pesquero en Perú (-40,5 %) y Argentina (-9,4 %), así como en Brasil (-12,5 %) y Chile (-7,4 %) en los primeros ocho meses del año.
De acuerdo con la ONU, el efecto ha sido diferente en Latinoamérica debido a que la captura en aguas marinas representa el 80 % de su producción, con Perú, Chile y México a la cabeza, mientras que en el resto del mundo la cantidad de pescado que se extrae y que se cultiva es casi la misma.
De ahí que el impacto se haya sentido de manera destacada en la pesca extractiva industrial por la interrupción de la circulación normal.
Además, la crisis afectó la demanda, disminuyendo el consumo de productos frescos y aumentando el de productos más baratos y conservas, como el atún enlatado, con una reducción drástica de las exportaciones de pescados y mariscos de la región.
Ello, explica Flores, condujo a un alza significativa de costos ya que la baja demanda obligó a extender el tiempo de almacenamiento y disparó los gastos de «congelar el producto en el caso de la pesca o mantenerlo en estanques en la acuicultura».
Pesca ilegal y alerta por la flota china
El coronavirus facilitó también la pesca ilegal y aumentó las sospechas sobre el movimiento de embarcaciones extranjeras, en especial el de una recurrente megaflota china.
«Vemos un incremento en la pesca ilegal y robos a instalaciones acuícolas, debido a la disminución de la inspección y vigilancia. Además, se ha suspendido, en muchos casos, el monitoreo de los stocks» pesqueros, con lo que existen riesgos de sobrepesca inadvertida», advirtió el experto de la FAO.
Datos de la ONU indican que la pesca ilegal mueve anualmente un volumen de 26 millones de toneladas, que equivalen al 15 % de la producción mundial registrada y a un valor de 23.000 millones de dólares, un negocio ilícito que ha afectado especialmente a Perú, Chile y México, así como a Argentina, Colombia y Ecuador.
Este último país fue, precisamente, el detonante de una alarma regional este año por la presencia de casi 300 embarcaciones de bandera china en las proximidades de la zona económica exclusiva (ZEE) de las islas de Galápagos.
Aunque desde hace varios años esa flota repite un recorrido, de ida y vuelta, que va desde el Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta Galápagos, pasando por Chile y Perú, para pescar pota o calamar gigante, los Gobiernos incrementaron su atención este año por un mayor temor a incursiones ilegales.
De hecho, este mismo lunes, Chile, uno de los grandes exportadores mundiales de productos de mar, con gran parte de sus aguas protegidas y que prohibió en 2019 la pesca de arrastre del calamar, advirtió que 11 naves pesqueras chinas de esa flota estaban navegando por su ZEE.
«Mientras está en aguas internacionales, la flota no está cometiendo en la formalidad ningún delito, el problema es que nadie sabe cuánto ni cómo pesca», dijo a Efe Michelle Carrere, de Mongabay Latam, plataforma medioambiental que lideró una investigación con monitoreo satelital sobre embarcaciones sospechosas de pesca ilegal en santuarios marinos de Chile, Colombia, Ecuador y México.
Carrere considera que las sospechas han aumentado dado que varias de las embarcaciones de la flota china ya tienen antecedentes, «porque se han metido a mar argentino a pescar ilegalmente», y se ha detectado que la mayoría suele apagar su sistema satelital, con lo que «queda la duda si entraron o no» a los países.
Polémica de los subsidios
A la situación de incertidumbre del sector se añadió esta semana el nuevo limbo en las negociaciones para la eliminación de ayudas a la pesca que contribuyen a la sobreexplotación, discusiones que comenzaron hace 20 años y que tenían como plazo no vinculante de cierre este 2020.
El presidente del grupo de negociación sobre las ayudas a la pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el embajador colombiano Santiago Wills, confirmó que las discusiones «no se cerrarán este año» por diferencias importantes en el contenido de la negociación.
«Luego de 20 años de negociaciones, la OMC no ha logrado ponerse de acuerdo en lo que significa la palabra pez. No se cumplirá el mandato de la ONU de poner fin a los subsidios a la sobrepesca y pesca ilegal», lamentó el argentino Milko Schvartzman, especialista en conservación marina y que ha estudiado durante años a la flota china.
Mientras el negocio pesquero mueve anualmente hasta 146.000 millones de dólares, las cuestionadas ayudas alcanzan al menos los 20.000 millones de dólares, y los países que aportan más subsidios son Estados Unidos, Japón, China y los países occidentales de la Unión Europea.
Latinoamérica, liderada por Argentina, Chile, Colombia y Perú, ha insistido en que se prohíban los subsidios que contribuyan a la captura abusiva o estén relacionados con la pesca ilegal, al argumentar que gran parte de esas ayudas se destinan a la pesca de gran escala, perjudicando el acceso al recurso y la subsistencia de los pescadores artesanales.
