Es importante señalar que este aporte se subió a la plataforma participativa generada por Subpesca a fines de Octubre del 2024.
El Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR) hizo públicas sus propuestas enviadas al proceso participativo que busca generar una nueva Ley de Acuicultura, coordinado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). La iniciativa tiene por objetivo renovar el marco regulatorio vigente desde 1991, considerando desafíos actuales como la sustentabilidad, transparencia, bienestar animal y ordenamiento territorial.
Así, INCAR como Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola llevó a cabo una discusión y análisis interno liderado por las Investigadoras del Programa Integrativo del Centro, Dra. Jessica Fuentes y Dra. Doris Soto, para aportar al proceso desde la ciencia y el conocimiento, basado en los esfuerzos que el centro ha realizado en la elaboración de recomendaciones para las políticas públicas generadas por nuestra investigación (“Policy Briefs”).
Se sumó además un análisis en curso para evaluar la normativa de acuicultura actual aplicando la herramienta ALART de FAO y el cuestionario FAO sobre cumplimiento del Código de Conducta Responsable para la Pesca en su artículo 9º relativo a la acuicultura. También se han revisado las recientes directrices de FAO para una acuicultura sostenible (GSA), así como otros artículos relevantes disponibles en la literatura científica.
Síntesis de puntos importantes del documento
Como punto de partida, INCAR enfatiza la importancia de contar con una Política Nacional de Acuicultura antes de redactar cualquier nueva legislación, considerando que esta guía estratégica orientaría mejor la toma de decisiones y evitaría la elaboración de reglas parciales o reactivas. Para la entidad, esto permitiría una mirada integral sobre transparencia, gobernanza y equidad.
En su propuesta, el centro hace hincapié en fortalecer la gobernanza regional, de modo que las discusiones sobre acuicultura y salmonicultura consideren las realidades específicas de cada territorio. Según sostienen, es clave que participen no solo empresarios y trabajadores, sino también comunidades locales, representantes del sector público y la academia. “Dado que la acuicultura tiene un claro componente territorial, deberían preverse instancias de gobernanza regional”, señala el documento.
Otro de los desafíos destacados es la necesidad de modernizar y unificar los sistemas de información para todo el sector. INCAR sugiere la implementación de una plataforma integrada, financiadapor el Estado, que facilite el acceso y la gestión transparente de datos. Este mecanismo, según la propuesta, contribuiría a agilizar la toma de decisiones y a elevar los estándares de confianza pública en torno a la actividad.
Asimismo, el documento pone foco en la capacidad de carga de los cuerpos de agua, especialmente en los centros de cultivo de salmones. El enfoque ecosistémico y la medición de indicadores científicos aparecen como herramientas para limitar impactos ambientales, cuidar la salud de los peces y promover prácticas más sustentables.
“Previo a la discusión de una nueva ley habría sido recomendable contar con una Política Nacional de Acuicultura, que generara los pilares del futuro de esta actividad, orientando los procesos de toma de decisiones que se derivaran en torno a los ejes estratégicos definidos”, recalca el texto, dejando en claro la importancia de un marco de directrices que dé sustentabilidad y coherencia al debate.
La simplificación de trámites y la descentralización de permisos también figuran entre las medidas que el centro considera necesarias, siempre y cuando se mantengan requisitos estrictos de cuidado ambiental y social. Para INCAR, la burocracia excesiva retrasa la innovación, pero la laxitud normativa puede derivar en daños irreversibles.
Una de las propuestas más ambiciosas se refiere a la coordinación intersectorial, abarcando actividades como la pesca artesanal y el turismo. El objetivo sería evitar conflictos de uso en el borde costero y asegurar que las comunidades se beneficien efectivamente del desarrollo acuícola.
De cara a la salmonicultura, el informe llama a una visión de largo plazo que incluya estrategias de mitigación de riesgos. Con ello, se busca mantener el potencial económico del sector y, a la vez, responder a las crecientes demandas de responsabilidad medioambiental y social.
“La nueva ley debería contemplar la construcción de un sistema integrado de información, financiado por el Estado, que permita a todos los órganos estatales aportar información propia y acceder a información de los demás sectores. Dicho sistema debe utilizar la tecnología disponible, estar estandarizado, en línea y ser de acceso público”, indica el texto.
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