ONG plantea se oficie al Servicio Nacional de Pesca, para que informe al Tribunal sobre las autorizaciones otorgadas por dicho servicio para el traslado y siembra de los smolt o...
ONG plantea se oficie al Servicio Nacional de Pesca, para que informe al Tribunal sobre las autorizaciones otorgadas por dicho servicio para el traslado y siembra de los smolt o alevines en las jaulas hasta las aguas del cabo de Hornos (La Prensa Austral).
Un mes ha transcurrido de la presentación del recurso de protección de la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, en contra de la Pesquera Cabo Pilar (Nova Austral), por la explotación de cuatro concesiones acuícolas en el canal Beagle.
Si bien originalmente la organización medioambientalista consiguió paralizar el inicio de las operaciones de la salmonera en aguas de la provincia antártica, días después la Corte de Apelaciones alzó la orden de no innovar fundado en los nuevos antecedentes aportados por la recurrida, dando “luz verde” al desarrollo de las faenas acuícolas.
Empero, Greenpeace volvió a la carga en su afán por prohibir el funcionamiento de la industria salmonera. El 8 de mayo, al solicitar la reposición de la orden de no innovar, lo hace invocando los mismos argumentos que tuvo en cuenta al momento de interponer el recurso de protección, grave e irreversible impacto que causa que se introduzcan organismos de especies exóticas en paisajes prístinos, que son el sustento de nuestro desarrollo.
En lo concreto, plantea se oficie al Servicio Nacional de Pesca, para que informe al Tribunal sobre las autorizaciones otorgadas por dicho servicio para el traslado y siembra de los smolt o alevines en las jaulas hasta las aguas del cabo de Hornos. Pues hasta los antecedentes aportados por Subsecretaria de Pesca a la Comisión de Medio Ambiente del Senado durante el mes de abril, la empresa Cabo Pilar S.A. no contaba con autorizaciones para traslado de smolt ni “siembra” de los mismos en las concesiones. Debiendo tramitar, necesariamente los permisos sectoriales, de manera previa a poner en riesgo cuatro millones treinta y dos mil dólares americanos.
El 9 de mayo, la sala del alto tribunal no dio lugar a esta pretensión, manteniendo abiertas las aguas para la siembra de los casi 2 millones de peces. No obstante, Greenpeace volvió a impugnar la resolución, recurriendo esta vez con un recurso de reconsideración con miras a reinstalar la orden de no innovar.
Por la Sociedad Pesquera Cabo Pilar, el abogado Marcelo Castillo, solicitó el rechazo del recurso de reposición. En lo medular, hace presente que no es efectivo que las concesiones de los centros de cultivos cuyo titular es la Pesquera Cabo Pilar, se encuentren en “estado de caducidad”, tal cual se ha encargado de pregonar la ONG ecologista y ambientalista.
La vista del recurso de reposición está pendiente por parte de la Corte de Apelaciones.
