Camanchaca anuncia demanda al Estado por fraccionamiento pesquero, advirtiendo perjuicios económicos y caída en producción.
El martes 17 de junio, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 122 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones el informe de la comisión mixta parlamentaria que zanjó las últimas diferencias respecto a la iniciativa.
Previo a ello, Camanchaca —una de las principales empresas pesqueras del país— confirmó lo que viene advirtiendo hace un tiempo: recurrirá a la justicia en busca de una compensación ante los efectos que tendrá esta ley. En un comunicado, el gerente general de la firma, Ricardo García, criticó categóricamente la normativa.
“La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme”, aseguró. El golpe, indicó, será “el doble” para las empresas de la Región del Biobío, “porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”.
El ejecutivo agregó que “el efecto será directo sobre el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector”. García subrayó que esta doble carga —reducción de la fracción de cuotas y arancel— afectará de forma significativa el dinamismo de la industria pesquera regional. “La combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena”.
“Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”, dijo el ejecutivo.
En el caso de Camanchaca, esto implicará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, lo que se traduce en pérdida de industrialización y empleo regional. La situación se agrava por los contratos suscritos por la empresa con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, los que no consideraban ningún tipo de gravamen.
Finalmente, el gerente general señaló que “el Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.
