Entre otros puntos, el director ejecutivo de la AmiChile, Rodrigo Carrasco, propuso limitar efecto suspensivo de la normativa, considerar a la acuicultura en la exclusión y fortalecer la institucionalidad.
El pasado miércoles 12 de junio, en la ciudad de Valparaíso (región de Valparaíso), se realizó una nueva sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, ocasión en la cual diferentes representantes analizaron mejoras a la implementación de la Ley Nº 20.249 que Crea Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y que también se la conoce como Ley Lafkenche.
En la oportunidad, uno de los expositores fue el director ejecutivo de la AmiChile, Rodrigo Carrasco, quién, en primer término, recalcó la importancia social y económica del gremio mitilicultor de la Región de Los Lagos que agrupa a más de 65 socios y significa unos 18 mil empleos (directos e indirectos). De igual forma, el ejecutivo resaltó “que hay otros gremios de mitilicultores, y hemos trabajado en conjunto para traer nuestros dolores y propuestas”.
Ley Lafkenche
En primer término, Carrasco manifestó que muchos productores de mejillón (socios y no socios de AmiChile), procesadores y trabajadores pertenecen a pueblos originarios y, por tanto, “creemos en el reconocimiento y en el espíritu original de la ley”, agregando que “está nuestra disposición permanente al diálogo y búsqueda de soluciones”.
De igual forma, el representante de la AmiChile recalcó que han participado en diferentes iniciativas, nacionales, regionales y locales, que buscan el entendimiento y el diálogo, no obstante, manifestó la preocupación del sector respecto de ley por la “afectación directa sobre nuestra actividad y sobre el desarrollo de la misma”.
Específicamente, puntualizó que la ley ha tenido un “efecto suspensivo en la mayoría de los trámites de relocalización y de solicitudes de acuicultura, espera que tiene un promedio de ocho años”. En este sentido, el representante gremial manifestó que esta situación “limita las opciones de crecimiento, de inversión y de alcanzar soluciones”.
Durante su exposición, el director ejecutivo de AmiChile expuso que, dada la falta de institucionalidad relacionada con la Ley Lafkenche, otros efectos negativos que han debido sobrellevar diferentes actividades que se realizan en el borde costero (como el turismo, la pesca artesanal, productores de algas o la carpintería de ribera, solo por mencionar algunos), es la “falta de información, criterios y metodologías, y solicitudes desproporcionadas en sus tamaños”. A juicio del gremio, esta situación “está llevando a una conflictividad social dentro de los actuales o potenciales usuarios del borde costero”.
Propuestas
Como una forma de aportar al debate, y por cierto a mejorar la Ley Lafkenche, se entregaron propuestas a la comisión, como “analizar un límite a los efectos suspensivos, considerar a la acuicultura en la exclusión, fortalecer a la institucionalidad, que las solicitudes tengan una superficie abordable, decretar causales de caducidad a los espacios entregados y revisar y modificar a las Crubc, donde todavía existen dudas respecto de algunos procedimientos o facultades”.