Vulnerabilidad es estructural y se asocia a tres factores que los pescadores artesanales no controlan (La Tercera). La pandemia del coronavirus, en plena fase expansiva en Chile y Latinoamérica, evidencia...

Vulnerabilidad es estructural y se asocia a tres factores que los pescadores artesanales no controlan (La Tercera).

La pandemia del coronavirus, en plena fase expansiva en Chile y Latinoamérica, evidencia la vulnerabilidad de las economías litorales basadas en la pesca artesanal. Esta vulnerabilidad es estructural y se asocia a tres factores que los pescadores artesanales no controlan.

El primero es el ecosistema, donde los índices de explotación de recursos, contaminación y alteración de parámetros habituales del mar debido, por ejemplo, al cambio climático, inciden negativamente en la subsistencia de la pesca artesanal.

El segundo factor radica en la dependencia de mercados externos, patente en recursos como la centolla, el erizo, la merluza, la jibia, el loco, la macha o el ostión, lo que conlleva una fragilidad evidente de los pescadores artesanales frente a oscilaciones de mercado.

Un tercer factor es la relación de los pescadores artesanales con el Estado, la que se caracteriza por los limitados derechos adquiridos de los pescadores. La mayoría de ellos no posee previsión social (aun cuando ha sido una demanda histórica de los sindicatos, federaciones y confederaciones) o seguros laborales permanentes. Asimismo, la política de Estado hacia la pesca artesanal se limita a instrumentos para regular las capturas, a la entrega de subsidios en tiempos de crisis y a la oferta de fondos concursables que no necesariamente se ajustan a las posibilidades e intereses de los pescadores y que son siempre insuficientes.

En las caletas esta vulnerabilidad se refleja en esta pandemia, por ejemplo, en la capacidad de los pescadores artesanales de generar liquidez, lo cual limita su posibilidad de adquirir bienes y servicios (alimentos, educación para sus hijos). Lo anterior se observa en lugares tan diversos como Magallanes, Aisén, Chiloé, Valdivia y Coquimbo.

El testimonio de un dirigente de la caleta El Piojo, en Niebla, comuna de Valdivia, es ilustrativo y dramático: “Las ventas han disminuido 70% y los pescadores salen [a pescar] en la incertidumbre. Nosotros como sindicato estamos usando nuestros ahorros para comprar un saco de harina y un saco de papas para nuestros pescadores”.

Esta incertidumbre se mezcla con un cierto optimismo (basado en el desconocimiento) que genera expectativas respecto de la recuperación de los mercados, lo que contradice las proyecciones actuales de caída sostenida de la demanda. Confrontados con este panorama, los pescadores artesanales y también las plantas de proceso se preparan a “aguantar lo que haya que aguantar: menos ventas, menores precios, menores ingresos, y más endeudamiento”.

Comienzan entonces a emerger las primeras demandas desde el sector pesquero artesanal, pero no encuentran respuestas concretas en el Gobierno. ¿Qué se podría esperar? Es difícil saberlo, pues la lógica del Estado subsidiario consiste en aplacar en parte, y de forma muy limitada, las consecuencias de las crisis. A diferencia de otros países, no contamos en Chile con un diseño institucional que asegure soluciones de largo plazo. Esto puede verse claramente expresado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, una ley controvertida, criticada y resistida por los pescadores, cuyo énfasis está puesto en la productividad, en la privatización de los recursos naturales, en el crecimiento económico, pero no en el bienestar de las poblaciones litorales. Así lo expresa, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca “La crisis del CoVID 19 sería más llevadera si tuviéramos una ley de pesca que no nos condenara a vivir en la pobreza”.

El Covid-19 ha desnudado precariedades organizativas, normativas e institucionales en todo el planeta, y generado otras nuevas, lo que se hace evidente en el caso de las comunidades de pesca artesanal. Siendo un colectivo que provee parte importante de las proteínas que se consumen a nivel mundial, resulta inquietante que no disponga de un sistema de protección que, basado en derechos adquiridos, le permita enfrentar ésta y futuras coyunturas. Es el momento, de ampliar la cobertura de los sistemas de protección social, no sólo en cuanto a salud, también en el plano económico. La política del subsidio, del bono y del fondo concursable es insuficiente y es anacrónica en un contexto de incertidumbre latente y de riesgos globales. Esta clase de política -propia del individualismo y de la fragmentación neoliberal- no hace más que incrementar la vulnerabilidad social, y por añadidura ambiental.

Si bien Chile lleva años de un modelo primario-exportador impulsado por políticas neoliberales implementadas desde 1970, la actual crisis ofrece una oportunidad de cambio hacia potenciar el mercado nacional y el gradualmente el consumo interno, situación que está ocurriendo de manera espontánea en algunas zonas costeras del país. El fomento estratégico del mercado interno para el consumo de productos del mar podría contribuir en varios sentidos al bienestar de la población (por concepto de proteínas saludables), y en paralelo activaría la capacidad económica endógena de los territorios costeros, haciéndolos menos vulnerables a las oscilaciones de los mercados internacionales. Además, una mayor demanda nacional de estos productos podría traducirse, según el diseño de esta política, en una menor presión sobre los ecosistemas marinos.

*Gonzalo Saavedra, académico del Instituto de Estudios Antropológicos de la U. Austral de Chile e investigador del Centro IDEAL.

*Laura Nahuelhual, académica del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile e investigadora del Centro IDEAL.