Recientemente Fundación Terram publicó una nueva versión de su Balance Ambiental, titulado “Las apuestas del ¿Gobierno ecologista?”.
Recientemente Fundación Terram publicó una nueva versión de su Balance Ambiental, titulado “Las apuestas del ¿Gobierno ecologista?”, en el cual la ONG analizó los acontecimientos más importantes en materia ambiental del país durante el presente año.
Así, de acuerdo a lo señalado por el documento, uno de los hitos políticos que marcó el devenir de la salmonicultura durante el 2022 fue el anuncio de avanzar hacia la salida gradual de la industria salmonera de las áreas protegidas, realizado por el presidente Gabriel Boric.
«En ese sentido, uno de los primeros pasos concretos dados por el Gobierno entrante, en la línea antes señalada, fue la aprobación, en junio, de una solicitud realizada por Cooke Aquaculture para fusionar y relocalizar dos de las cuatro concesiones salmoneras que la empresa canadiense titulariza al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, en Aysén, hacia un sector fuera del área protegida», resaltan en el Balance.
«Sin embargo, desde diversas organizaciones ambientales, incluida Fundación Terram, dicha decisión fue criticada no solo por la estrategia de relocalización empleada por el Gobierno, especialmente tratándose de un titular que actualmente enfrenta cargos por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por su deficiente desempeño ambiental , sino que, además, porque las concesiones salmoneras objeto de fusión y relocalización se encontrarían en condición de caducidad producto de haber suspendido sus operaciones por más de dos años, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), según se pudo constatar en una investigación realizada por Fundación Terram, tal como se expone más adelante», añaden.
Evaluación, fiscalización y sanción ambiental de centros salmoneros
En otro orden de ideas, durante el año 2022 se evidenciaron ciertos avances en los criterios institucionales relacionados tanto con la evaluación de proyectos de cultivo de salmones por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como con la fiscalización y sanción de los mismos por parte de la SMA.
En efecto, teniendo como antecedente la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú y un instructivo que fija nuevos criterios en materia de participación ciudadana (PAC), a principios de julio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió solicitudes de apertura y realización de PAC en distintos proyectos de ampliación o aumento de biomasa de salmones.
«En particular, uno de estos procesos, calificado como un precedente, fue aquel solicitado por comunidades indígenas respecto de un proyecto de ampliación en el centro “Caguache” de Salmones Antártica, ubicado en Isla Cahuach, Región de Los Lagos; así mismo, se ingresaron otras dos solicitudes en el marco de proyectos de ampliación en los centros “Canal Moraleda” y “Canal Costa” de Australis Mar, ubicados en las islas Melchor y Traiguén, respectivamente, en la Región de Aysén», apuntan en el documento.
«Cabe señalar que, previo a estos procesos, en enero ya la propia Corte Suprema, en un fallo inédito y acogiendo un recurso de protección interpuesto contra el SEA por comunidades kawésqar y organizaciones ambientales, había ordenado abrir procesos de PAC respecto de cuatro proyectos de fusión y relocalización de centro de cultivo de salmones de titularidad de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar , Región de Magallanes (“Clarence 1”, “Clarence 2”, “Clarence 5”, “Clarence 7” y “Clarence 9”)», complementan.
En materia de fiscalización y sanción, por su parte, destaca como uno de los hechos más relevantes del año las sanciones que en julio la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) impuso a la empresa Nova Austral debido, entre otras infracciones, a la superación excesiva de los límites de producción máxima autorizada en tres centros de engorda de salmones (CES) ubicados en Cabo de Hornos, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes (“Cockburn 14”, “Cockburn 23” y “Aracena 10”).
Específicamente, el órgano fiscalizador, por primera vez desde el inicio de sus funciones y tras constatar la generación de un daño ambiental en el área protegida, dispuso la revocación de los permisos ambientales -técnicamente llamados Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)- de los centros referidos, además de aplicar una multa a la empresa de 1.300 UTA (sobre $900 millones) por alterar artificialmente el fondo marino en el CES “Aracena 14” en 2019, sanciones que fueron públicamente valoradas por Fundación Terram.
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