Este caso se suma a las múltiples acciones que las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar, con el apoyo de las ONG AIDA, Greenpeace y FIMA.
El máximo tribunal desestimó los recursos de casación presentados por la empresa Trusal y el SEA en contra del fallo del Tercer Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental que autorizaba la instalación de un centro de cultivo en el Seno Taraba.
La falta de evaluación de los impactos adversos significativos que podría causar un centro de cultivo en un área protegida, motivó al Tribunal Ambiental con sede en Valdivia a revocar la autorización del proyecto de la empresa Trusal.
A juicio de los ministros, el proyecto, ingresado por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no contenía información suficiente respecto a sus impactos. En particular, concluyeron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no requirió al titular la totalidad de la información solicitada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, desde donde se manifestó la necesidad de evaluar los impactos que provocaría la descarga de contaminantes sobre las especies claves y estructuradoras de los ecosistemas.
“Este fallo es muy importante para la conservación de la biodiversidad, ya que establece que el Tribunal llegó a una correcta convicción respecto de que no se habrían descartado los efectos adversos significativos sobre la biota marina del lugar, por lo que la Declaración de Impacto Ambiental debió haber sido rechazada”, explicó Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA.
Este caso se suma a las múltiples acciones que las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar conformadas por Ata’p, Residentes en Rio Primero, As wal Lajep, Inés Caro y Grupos Familiares Nómades del Mar, con el apoyo de las ONG AIDA, Greenpeace y FIMA, están realizando para proteger los prístinos ecosistemas marinos de Magallanes, territorios ancestrales indígenas, de la depredación producida por las salmoneras, las cuales ya han protagonizado múltiples eventos de daño y contaminación masiva en las regiones de Los Lagos y Aysén.
“Como comunidades este nuevo triunfo es muy importante, comprueba lo que hemos venido diciendo durante años respecto al tremendo daño que generan las salmoneras y también que no es posible que se nos excluya de los procesos de decisión respecto del territorio a las comunidades Kawésqar. Que la Corte Suprema haya mantenido el rechazo es un tremendo paso y señal respecto de lo incompatible que son las salmoneras con la protección de territorio. El Seno Taraba es muy importante para cada una de las comunidades que somos parte de este trabajo”, señaló María Navarro Águila, integrante de la comunidad Seno Obstrucción.
Por su parte, Florencia Ortúzar, miembro de AIDA, celebró el hecho de que “el fallo reconoce el problema de la contaminación orgánica que generan los centros de salmonicultura, por la descarga de fecas y alimento no consumido en el fondo marino y su disolución en la columna de agua. Lo anterior lleva a un aumento en la demanda de oxígeno, lo que genera zonas anaeróbicas o anóxicas, donde la vida se torna difícil o imposible. En Magallanes constantemente alrededor del 50% de las concesiones reportan aguas con este desequilibrio de oxígeno y no hay medidas específicas para evitar que esto suceda o para exigir que se resuelva inmediatamente (incluyendo la reparación de daños que la asfixia implica)”.
El Parque Nacional Kawésqar se extiende por 2,8 millones de hectáreas terrestres, siendo el segundo parque más grande de Chile. Las zonas costeras que lo rodean, sin embargo, están protegidas bajo la figura de Reserva Nacional, categoría de menor protección. El problema es que dichas aguas están actualmente amenazadas por 67 concesiones otorgadas dentro de la reserva, a las que se suman otras 61 concesiones en trámite.
“No es posible que se continúe permitiendo la aprobación de concesiones de salmonicultura dentro de áreas protegidas, sus alrededores y en territorio indígena. Estamos ante ecosistemas muy frágiles de los cuales dependen diversas especies y comunidades locales. Es impensable pensar en la aprobación de un centro en estas zonas sin que sean afectadas. Por eso nuestro llamado a detener la expansión de la industria y frenar la aprobación de concesiones. El mar no da para más”, explicó Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace.
Fuente: ONG FIMA
