Tribunal acogió íntegramente argumentos esgrimidos por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y desestimó pretensión de Quito, en relación con la captura del jurel en el Pacífico sur....
Tribunal acogió íntegramente argumentos esgrimidos por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y desestimó pretensión de Quito, en relación con la captura del jurel en el Pacífico sur. (Mundo Acuícola).
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en favor de Chile y desestimó una petición de Ecuador para aumentar su cuota pesquera del jurel, en el área sur del océano Pacífico.
Así, el tribunal internacional acogió de modo íntegro los argumentos esgrimidos por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, durante una audiencia celebrada el 23 de mayo pasado en los Países Bajos.
“La decisión respecto de la cual se ha presentado una objeción no discrimina injustificablemente, ni en la forma ni en la práctica, en contra de Ecuador”, se lee en el dictamen, pronunciado por un panel de expertos en derecho internacional pesquero, que tenía un plazo de 45 días para zanjar el litigio.
El pleito quedó planteado el 29 de marzo de este año, cuando Ecuador presentó una objeción en contra de una “medida de conservación y ordenamiento” adoptada por un organismo multilateral (OROP-PS) respecto del jurel, que se desplaza entre alta mar y las costas sudamericanas.
“La decisión respecto de la cual se ha presentado una objeción no es incompatible con las disposiciones de la Convención (OROP-PS) u otras disposiciones pertinentes del Derecho Internacional”, se agrega en la resolución de la Corte de La Haya.
A través del reclamo, Quito buscó aumentar su cuota o porcentaje de captura del jurel, lo que, en opinión de Santiago, contravenía los acuerdos de la OROP-PS (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur). La entidad está conformada por países de distintos continentes, cuyas flotas operan en el área: Chile, Ecuador, Rusia, China, Australia, Vanuatu y Perú, entre otros.
Durante el alegato que pronunció en el Palacio de Justicia de La Haya, el subsecretario Riquelme previno que la objeción de Quito iba a contramano de un acuerdo multilateral en torno a la regulación y salvaguarda del jurel.
Aquella vez, el subsecretario se presentó en la audiencia junto a una comitiva en la que destacó la presencia de la jurista María Teresa Infante, embajadora chilena en los Países Bajos y co agente frente a la demanda boliviana que tramita la Corte Internacional de Justicia.
En su presentación, el subsecretario apuntó a un contrasentido en el reclamo de Quito, tomando en cuenta que inicialmente validó la medida de la OROP-PS que después cuestionó: “No solo no fue objetada por la República del Ecuador, sino que dicho Estado respaldo la decisión contenida en ella”.
Más adelante, hizo hincapié en que la objeción ecuatoriana siguió un itinerario distinto del previsto para este tipo de casos: “Lo anterior no resulta irrelevante, dado que la convención aquí alegada como marco legal establece las formas y procedimientos para llevar adelante impugnaciones o propuestas de modificación a las medidas existentes”.
En ese punto, Riquelme advirtió que el camino seguido por Quito llegaba al punto de amagar la continuidad de la OROP-PS en sí misma: “El no ceñirse a las reglas establecidas afecta la certeza jurídica que debe imperar en todo el proceso de las negociaciones. Aceptar lo contrario pondría en tela de juicio todas las formas y reglas de procedimiento que, en virtud de lo dispuesto en la convención, han sido adoptadas”.
Apoyado en una serie de argumentos técnicos, el subsecretario ahondó entonces en la imposibilidad de dar curso a la pretensión ecuatoriana de aumentar su cuota y advirtió que hacerlo “podría conllevar una discriminación arbitraria para el resto de los (países) participantes en la pesquería”.
Chile fue uno de los principales impulsores de la OROP-PS, vigente desde 2012. La entidad fue creada para contribuir a la recuperación del jurel, que en ese entonces se encontraba sobreexplotado.
El subsecretario Eduardo Riquelme es abogado, doctor en Derecho © por la Universidad de Navarra (España) y especialista en litigación penal.
