Cooke Aquaculture enfrenta críticas de ONGs ambientales y responde rechazando acusaciones sobre su biomasa autorizada y operaciones en áreas protegidas.
La empresa canadiense Cooke Aquaculture respondió públicamente a las acusaciones realizadas por cuatro organizaciones ambientales, calificándolas de “falsas” y señalando una “falta de rigurosidad” en sus afirmaciones. Las críticas surgieron tras una carta publicada en El Mercurio, firmada por representantes de Greenpeace, Clima AIDA, ONG FIMA y Codesa.
En la misiva, las ONGs cuestionaron a Cooke por acusar a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de incumplir un acuerdo alcanzado en 2023 con el Gobierno chileno. Dicho pacto buscaba relocalizar las operaciones de la compañía, supuestamente ubicadas dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Además, señalaron que la firma habría excedido en más de 4.000% su biomasa autorizada en el centro Huillines 3.
Desde las organizaciones, afirmaron que “lejos de asumir responsabilidades y tomar medidas correctivas, la empresa responde con acusaciones de persecución y conspiración.” También respaldaron la solicitud de la SMA al Tercer Tribunal Ambiental para suspender las operaciones de Cooke mientras se resuelve el proceso sancionatorio.
La respuesta de Cooke no tardó en llegar. Andrés Parodi, CEO de la empresa en Chile, afirmó que las ONGs “sostienen falsamente que Cooke opera dentro de parques nacionales y que excede su biomasa autorizada. Nada de esto es cierto. Nuestra producción siempre ha cumplido con los límites establecidos por la Subsecretaría de Pesca.”
Parodi también detalló que el acuerdo firmado con el Estado chileno en 2023 surgió por iniciativa voluntaria de la compañía para relocalizar una de sus operaciones que se encuentra “cerca” y no “dentro” de un parque nacional. Según él, la SMA estaría incumpliendo este compromiso al solicitar la suspensión de actividades, lo que describió como “una expropiación encubierta.”
El directivo enfatizó que la firma confía en el cumplimiento del acuerdo por parte de los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas, así como de otros representantes del Gobierno, y reiteró que las operaciones de la compañía no han causado daño al ecosistema durante sus casi 14 años de actividad en la zona.
Finalmente, Cooke defendió su rol como inversionista extranjero en Chile, subrayando que la incertidumbre generada podría impactar en la continuidad de sus operaciones y en los empleos asociados a estas en el sur del país.
Fuente: Información basada en una publicación del portal Emol.
