De confirmarse el criterio de la entidad, las salmoneras se verían obligadas a tener una operación mínima en todos sus centros, lo que, según fuentes, provocaría mayor riesgo sanitario y...

De confirmarse el criterio de la entidad, las salmoneras se verían obligadas a tener una operación mínima en todos sus centros, lo que, según fuentes, provocaría mayor riesgo sanitario y ambiental. (El Mercurio).

El rubro salmonero se ha transformado en uno de los sectores económicos más activos en el último tiempo. Adquisiciones que superan los US$ 1.000 millones y discrepancias en torno a su producción futura han generado movimientos en una industria que hoy atraviesa por un escenario de positivos índices sanitarios y ambientales y un nivel de precios estable.

Sin embargo, esta semana trascendió una situación que podría encender las alarmas de la actividad, debido al potencial riesgo de caducidad de cerca de 400 concesiones de acuicultura. Lo anterior no es baladí, ya que estas son parte de los activos bancarizables que tiene una compañía salmonera y ellas no solo son objeto de operación propia, sino también de contratos de arrendamientos o comodatos entre empresas.

Según fuentes conocedoras, Contraloría -que desde 2016 evalúa el tema- habría informado a Subpesca que no comparte su criterio en cuanto a ciertos efectos de los planes de manejo sanitarios (PMS). Estos instrumentos, que han sido suscritos voluntariamente por los titulares de unas 400 concesiones, permiten que su tiempo de descanso sanitario no corra para efectos de declarar la causal de caducidad establecida en el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura relativa a no operar durante un plazo superior a dos años.

Fuentes consultadas explican que el modelo actual favorece que unas concesiones se utilicen mientras otras descansan. Así, la operación se va rotando y se impide la caducidad de la concesión por no operarla, lo que armonizaría con la protección sanitaria y ambiental.

Sin embargo, la interpretación de Contraloría modificaría las condiciones en el sector, ya que no permitiría evitar la pérdida por no operación. A su vez, se estaría amparando en que la interpretación de Subpesca no está explícita en un reglamento.

Fuentes allegadas al sector exponen que, con este criterio, los titulares se verían obligados a tener una operación mínima de 5% sobre la biomasa autorizada en el proyecto técnico o en la resolución de calificación ambiental para declarar lo que en el mundo salmonero se conoce como «soberanía» en todas las concesiones que, por distintas razones, no sean productivas, con el inminente riesgo sanitario y ambiental que ello implica, y el aumento de costos para las firmas.

Sin perjuicio de las 400 concesiones, cercanos al sector piensan que unas 250 son las que estarán verdaderamente afectadas, ya que su operación es muy compleja.

Fuentes del sector señalaron que este efecto sería brutal y se comenzaría a verificar en sus próximas intenciones de siembra, las que demostrarían que están realizando «soberanía» en algunas concesiones.

La norma en disputa -el Decreto Supremo 23 de 2018- está en revisión en Contraloría y, en su momento, fue analizada por la Comisión Nacional de Acuicultura, ingresando en marzo de este año al ente rector. Ahora se revisa para su toma de razón o representación.

Consultado SalmonChile, señalaron que el tema sigue en desarrollo.