Un reciente estudio lanzado por la Fundación Pivotes sugiere que la actual Ley Lafkenche, que crea los Espacios Marítimos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO), requiere urgentemente mejoras significativas para reducir...
Un reciente estudio lanzado por la Fundación Pivotes sugiere que la actual Ley Lafkenche, que crea los Espacios Marítimos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO), requiere urgentemente mejoras significativas para reducir las incertidumbres generadas por su aplicación. La normativa, creada hace más de 15 años con un espíritu noble, ha perdido su esencia y ha sido invocada de manera antojadiza, documentándose varias malas prácticas en las últimas solicitudes en las regiones de Los Lagos y Aysén.
Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, expresó en una columna para Poder y Liderazgo que las comunidades indígenas, que el pasado 20 de junio celebraron su existencia, cultura y raíces, tienen el legítimo derecho de reivindicar los lugares donde sus ancestros celebraban sus costumbres territoriales y medicinales, trabajo y actividades religiosas. «Preservar esas tradiciones es un derecho inalienable, parte de nuestra identidad nacional y desde el Consejo del Salmón sentimos el mayor de los respetos por estos procesos patrimoniales identitarios», afirmó Seguel.
Sin embargo, la aplicación de la ley 20.249 presenta varios problemas de diseño e implementación, lo que ha propiciado malas prácticas «por parte de ciertos grupos que no necesariamente pertenecen a los pueblos originarios», según el informe de Pivotes. Las últimas solicitudes de EMCPO han evidenciado conflictos entre personas de la misma etnia pero con posturas opuestas.
Seguel plantea una pregunta crucial: «¿Habrá una forma más armónica de respetar a nuestros pueblos originarios sin ocasionar menoscabo a las perspectivas de desarrollo del resto de los chilenos, ni poner en jaque el desarrollo y prosperidad de diversas actividades económicas de la zona austral y con ello afectar fuertemente a toda una ciudadanía? Yo creo que sí».
Entre las propuestas para mejorar la ley, destaca la necesidad de actuar con urgencia en el Senado para corregir los aspectos que generan incertidumbre e inmovilismo. Otra sugerencia es dotar a Conadi de mayores recursos y personal altamente capacitado para realizar pesquisas del “uso consuetudinario” de manera rigurosa, transparente y razonable. Además, se debe aclarar todos aquellos aspectos donde la ley es ambigua y susceptible a diversas interpretaciones.
Seguel señala un ejemplo concreto: «Esta ley, así como está planteada, no exige que haya una relación entre el número de personas o asociación de comunidades y el espacio costero solicitado. De este modo, un individuo que diga pertenecer a un pueblo originario podría reclamar 600 mil hectáreas de maritorio sin problemas. No suena sensato ni justo ni responsable. Suena desproporcionado, absurdo y lejano al objetivo primigenio de la Ley Lafkenche».
La invitación, según Seguel, es a activar todas las instancias necesarias para implementar las mejoras a esta ley, priorizando la participación oportuna y el bien común sobre los intereses individuales. «Hay que actuar y urgente. ¡Chile y sus pueblos originarios lo necesitan!», concluyó.
Fuente: Poder y Liderazgo
