La Comisión de Pesca analizó la incertidumbre regulatoria en Chile, con empresas como Cooke alertando sobre su impacto.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado analizó este 19 de marzo la situación de la relocalización salmonera y las dificultades normativas que enfrenta la industria en Chile. La sesión, presidida por el senador Fidel Espinoza, contó con la participación de representantes de SalmonChile, empresas acuícolas y autoridades del sector.
Uno de los temas centrales fue la burocracia en los procesos de relocalización y fusión de concesiones acuícolas, que llevan más de 14 años sin avances significativos. Según cifras entregadas en la sesión, de las 205 relocalizaciones pendientes, solo dos han sido autorizadas en más de una década.
Reducir la incertidumbre regulatoria
El director de Asuntos Corporativos de Salmón Chile, Tomás Monge, y el director de Comunidades, Felipe Díaz, presentaron los resultados de los «Diálogos para la salmonicultura del futuro», un proceso que reunió a diversos actores del sector con el fin de proyectar el desarrollo de la actividad al 2050. Entre las preocupaciones expuestas destacaron la falta de certeza regulatoria, la permisología extensa y los obstáculos para la relocalización de concesiones. “El principal desafío es reducir la incertidumbre regulatoria y garantizar un ordenamiento territorial claro que permita el desarrollo sustentable de la industria”, señaló Monje.
El caso de Cooke Aquaculture
Cooke Aquaculture Chile enfrenta una compleja situación debido a la falta de coordinación entre organismos estatales, lo que ha derivado en la paralización de sus operaciones a pesar de contar con permisos vigentes. Según explicaron sus abogados, Marissa Baldazzi y Emilio Vásquez, el problema radica en un cambio de criterio de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que ha impuesto restricciones a sus centros de cultivo, generando pérdidas que ascienden a 27 mil millones de pesos.
La empresa, que opera en Chile desde 2008 y posee aproximadamente 10 concesiones acuícolas, venía funcionando bajo un régimen regulatorio que permitía la producción autorizada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Sin embargo, en 2022, la SMA paralizó dos de sus centros, a pesar de que la propia Universidad Austral había certificado que cumplían con los estándares medioambientales. Este conflicto se mantiene hasta la fecha y ha impedido que la compañía continúe sembrando salmones, lo que ha afectado significativamente su operatividad.
Precedente peligroso
Baldazzi y Vásquez explicaron que este caso no solo impacta a Cooke, sino que también podría generar un precedente peligroso para el resto de la industria, ya que un 30% de las concesiones salmoneras en Chile fueron otorgadas antes de la entrada en vigor del actual sistema de evaluación de impacto ambiental. Si la interpretación de la SMA se mantiene, muchas empresas podrían enfrentar restricciones similares.
En un intento por solucionar el problema, Cooke firmó en 2023 un acuerdo con el Gobierno para relocalizar sus concesiones, proceso que, según los antecedentes expuestos en la comisión, podría demorar hasta 14 años. La empresa ha insistido en que está dispuesta a cumplir con los requerimientos, pero que necesita garantías de continuidad para operar mientras se concreta la relocalización.
Al respecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, reconoció la necesidad de una reforma integral a la regulación acuícola. “Tener altos estándares de producción no significa un exceso normativo. Chile es una potencia en acuicultura, pero nuestra regulación no está acorde a esa realidad”, afirmó. También señaló que el país tiene el 44% de su dominio oceánico protegido, lo que debería ser una ventaja competitiva y no una barrera.
Finalmente, la comisión acordó crear una mesa de trabajo para destrabar los problemas normativos y avanzar en soluciones que permitan el desarrollo sostenible de la salmonicultura en Chile. El senador Fidel Espinoza aseguró que trabajarán en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y otras instituciones para garantizar regulaciones más eficientes y adaptadas a la realidad del sector.
