Columna de Pablo Fernando González respecto a temas determinantes sobre el recurso pesquero y el potencial oceánico de Chile.
«La Nueva Constitución no puede permitir que en Chile, siendo un país pesquero, la mayoría de sus hogares no tengan acceso al consumo de proteínas y lípidos de origen marino de bajo precio (merluza común, jurel, caballa, anchovetas, sardinas ) para nuestra alimentación saludable»
Columna de Pablo Fernando González, Pyme Innovación Biotecnología Marina
Un puñado de grupos empresariales – 7 familias – se han encargado de modelar el país a favor de sus negocios de alimentación animal y exportación con nuestra riqueza pesquera, de la mano de la devastación de esas pesquerías con la complicidad del Congreso y los gobiernos de turno.
La Nueva Constitución tiene que hacerse cargo del futuro de un país que pide como prioridad erradicar la desigualdad y el extractivismo tercermundista que domina la economía. El sector pesquero no puede ser mejor ejemplo de lo anterior: por décadas hemos sido víctimas de un perverso neoliberalismo a la chilena, direccionado por una derecha económica y una clase política miope que actuando en forma coludida condujeron al país a una desigualdad brutal y a un extractivismo con foco en la exportación de productos de bajo valor agregado, que se acompañó de una nula inversión en ciencia (un tercio del exiguo 0,34% de la inversión en ciencia de Chile es de privados) y de una dependencia tecnológica desde el primer mundo -en equipos y maquinarias- para explotar la riqueza país (minería, forestal, salmones, monocultivos agrícolas, harina de pescado, etc.), que profundizó el subdesarrollo tecnológico del país y que solo ha producido riqueza en abundancia a una minoría, mientras al país lo regó por doquier de zonas de sacrificio medioambiental y de empleo precario, tal como lo dejó en evidencia el coronavirus, que lanzó a un par de millones de chilenos a la cesantía.
Por lo mismo, el país del presente y del futuro necesita hacerse de un Estado Solidario, de Bienestar, amigable con las personas y con el resguardo del medioambiente y su biodiversidad, que posibilite superar las secuelas de décadas de Desigualdad del neoliberalismo y las que ha sumado la pandemia del coronavirus como resultado del modelo, que multiplicó la cantidad de población lanzada a la pobreza y que será uno de los grandes problemas del país para las próximas décadas.
Diagnóstico sobre la crítica situación que afecta al país: en términos de hambre y desempleo
Si a lo anterior se le suma el diagnóstico de la Cámara de Comercio que advierte que buena parte del empleo perdido no se recuperará al restablecerse la actividad económica post vacunación, el escenario futuro del país, de no hacer cambios profundos al actual modelo rentista-extractivista, profundizará la desigualdad que afecta a la mayoría, mientras una minoría seguirá multiplicando sus fortunas.
Las oportunidades de la Nueva Constitución para tener un país sin hambre y sin desigualdad
En el actual escenario de desigualdad, garantizar el derecho a la alimentación saludable y a la seguridad alimentaria en la Nueva Constitución es una condición para que sea factible tener un país sin hambre en las próximas décadas, pero no basta con dejarlos establecidos como derechos, sino que es necesario apalancarlo con un largo listado de decisiones que garanticen que nuestra riqueza pesquera y oceánica tenga como destino la alimentación saludable de los chilenos.
De lo contrario, tendremos al Congreso votando a favor de las 7 familias para que sigan devastando la merluza común con pesca de arrastre, como ocurrió esta semana, y la destinen a sus negocios de exportación, aunque es el pescado más apetecido por los hogares de nuestro país.
1) El primer desafío no cabe duda que es la modificación del artículo 19 N°8 inciso 2 de la actual Constitución que supedita el derecho de protección medioambiental al derecho económico, una aberración que ha permitido al neoliberalismo y al Congreso colocar los negocios de los privados por sobre los derechos de la mayoría a proteger la biodiversidad , los ecosistemas y a vivir en un medioambiente protegido.
2) Se establezca por la Nueva Constitución que la riqueza pesquera país es un bien común que nos pertenece a todos los chilenos cuya gobernanza radicará en exclusiva en el Estado. Debería quedar establecido que el aprovechamiento con fines productivos de la riqueza pesquera del país deberá tener como prioridad garantizar la alimentación saludable de los hogares del país, la sustentabilidad de las pesquerías, los ecosistemas marinos, incluyendo los microbiomas y los fondos marinos.
3) La Nueva Constitución debe encontrar el mecanismo para que la decisión del destino productivo de la riqueza pesquera del país quede radicado en la decisión del Congreso y alineado a los principios que nos demos con la Nueva Constitución, lo que garantizará que se beneficien las mayorías. Subpesca por años ha probado que es de fácil captura por los grupos empresariales y que les ha bastado cooptar al subsecretario de pesca de turno para devastar la mayoría de las especies pesqueras para sus negocios de harina de pescado y exportación, devastación que ha reducido el stock pesquero del país a un tercio de lo que poseíamos hace apenas 30 años.
4) La Nueva Constitución debe no tan solo dar forma a un Estado de Bienestar, Solidario, robusto e innovador, sino que también sacarse de encima el tutelaje de los grupos empresariales sobre muchas instituciones que deben gobernarse desde un criterio país y que hoy lo hacen desde los intereses de grupos de interés: directorio de CORFO, IFOP, etc. Ello determinará que a los gobiernos de turno le resulte imposible usar el Estado como moneda de cambio o se le instrumentalice y coopte por redes de poder empresarial y político.
La nueva Constitución y la oportunidad que ofrecen la riqueza pesquera y oceánica al país
A principios de mayo, la Armada junto a la Universidad Católica dieron a conocer un proyecto para incorporar a la economía del país el desafío manufacturero de construir las naves que necesita Chile para la defensa nacional, en vez de adquirirlas llave en mano como lo ha hecho hasta ahora, por la importancia de incidir en el desarrollo tecnológico del país, haciéndose cargo de las décadas de miopía en este plano. El proyecto reivindica que lo anterior debe ser una iniciativa de Estado y debe verse como una oportunidad de largo plazo -50 años- para el desarrollo tecnológico naval en un área crítica del país por su presencia oceánica.
No cabe duda de que si tenemos un Estado con capacidad de inversión robusta, la apuesta por el desarrollo tecnológico naval del país permitiría ir más allá y extenderlo a la construcción de naves de guardia marina para el salvataje de las embarcaciones de la pesca artesanal que Chile no tiene y que urge por la cantidad de accidentes con causas de muerte que ocurren frente a nuestras costas.
Potenciar el desarrollo tecnológico naval posibilitaría al país asumir los compromisos que tenemos con los ODS y la comunidad global en materia de huella de carbono. Nos permitiría transformar la flota pesquera de la pesca artesanal en naves modernas que disminuyan la huella de carbono y que agreguen capacidad para conservar la captura a bordo para ser destinada al consumo humano.
Urge la construcción de naves para tareas de control medioambiental para instituciones del Estado como Sernapesca, las que sin ellas se ha convertido en una institución inoperante ante la destrucción de los fondos marinos de la Patagonia por la industria del salmón, que comprometen el borde costero y la devastación de las pesquerías, etc. Construcción de naves de investigación para dotar al Ministerio de Ciencias – IFOP, que posibiliten que nuestro país se convierta de la mano de sus científicos en una potencia en investigación marítima a nivel global.
El Ministro de Ciencias hace poco visitó la nave del Proyecto Tara de iniciativa del gobierno de Francia, país que se ha instalado como una potencia marítima a nivel global, al que fue invitado nuestro país para estudiar el valor de los microbiomas en los océanos, de gran importancia como fuente de valor en biomedicina. En nuestro país el proyecto se detuvo a tomar muestras frente a Punta Arenas, Puerto Montt, Talcahuano, Valparaíso e Iquique y quedó pendiente la Antártica. La importancia que tiene nuestro país para la sostenibilidad de los océanos, de los cuales 2/3 de la biomasa son microbiomas, es crítica. Así lo comprobaron distintos grupos de científicos chilenos que fueron invitados a este proyecto, de allí la urgencia de multiplicar la inversión en ciencias oceánicas que hoy es paupérrima.
Las universidades están en una gran deuda en materia pesquera desde la perspectiva ciudadana, en especial las públicas y las que no siendo públicas se benefician de importantes subsidios estatales, ya que una gran parte de ellas en vez de tener un carácter propositivo de cambio de matriz productiva se ha puesto a disposición de los grandes grupos empresariales y sus negocios extractivistas, a pesar del impacto medioambiental negativo que producen y del bajo valor agregado con el que contribuyen a la economía: Salmoneras, acuicultura, harina de pescado, etc.
Aunque también es cierto que los distintos grupos de investigación universitarios dedicados a temas oceánicos, pesqueros y de desarrollo tecnológico en base a recursos del mar y que no son salmones, tienen pobres financiamientos que hacen imposible que surjan iniciativas competitivas y robustas, lo que se agrava al operar dispersos por la carencia de una política oceánica pública ante la falta de un Ministerio del Mar.
La economista Mariana Mazzucato ha planteado que en el caso de Chile, el rol del Estado es crítico para la Nueva Constitución, y allí cobra una importancia decisoria la redefinición del rol de CORFO al frente de un Estado innovador, en especial en materias pesqueras y oceánicas. De esta manera, se debe buscar el mecanismo para que ésta coloque el foco en el desarrollo del país y le dé termino a su captura por el sector rentista y extractivista neoliberal.
La modernización de la flota pesquera artesanal demandará una CORFO que se transforme en un agente de cambio proactivo para el salto tecnológico en el aprovechamiento de nuestra riqueza pesquera con planes de innovación robustos que tengan como objetivo que el país migre de la harina de pescado a una industria de valor agregado con nuestras riquezas pesqueras, de tal manera que mejoren los precios para las pesquerías, y que su aprovechamiento productivo permita que paguen royalties e impuestos más altos que ayuden a sostener el salto tecnológico que necesita el país.
El país necesita que CORFO en la Nueva Constitución se saque de encima el tutelaje de los grandes grupos empresariales ya que de lo contrario las políticas de innovación de esa institución seguirán dependiendo de la miopía de los sectores extractivistas y rentistas, los que hasta ahora se benefician de gran parte de los subsidios públicos administrados por CORFO sin que ello haya incidido en el cambio de matriz productiva que requiere el país, lo que impide que surjan nuevos sectores manufactureros en biotecnología, biomedicina, nanotecnología, nutraceúticos, agroquímica, biorefinería, industria del software, agroecología, internet de las cosas aplicada a proyectos de impacto social y comunitario, etc.
La redefinición del rol de CORFO es urgente ya que son cerca de 1.000 millones de dólares los que administra CORFO en platas públicas, que son críticas para impulsar la innovación y cambio de matriz productiva, y los tiene apostados en Fondos de Capital de Riesgo controlados por un puñado de grandes inversionistas de las élites empresariales, donde el Estado coloca 2/3 del capital y ellos el tercio restante, lo cual ha terminado beneficiado a «emprendedores» parte de sus círculos sociales en negocios de tipo especulativo de todo tipo y que según un estudio encargado por el Ministerio de Ciencias tiene pésimos resultados.
No cabe duda que CORFO debería ir por una estrategia donde estos Fondos de Capital de Riesgo vayan de la mano de Fondos como los de las AFP para apostar sobre empresas disruptivas comprometidas con el desarrollo del país y el bien común, como ocurre con los fondos gubernamentales de Dinamarca. Esto último podría generar una sinergia de recursos financieros públicos de la mano de los ahorros de los trabajadores del que se beneficiaría el conjunto del país y no una minoría que acumula más fortuna y poder apoyada en platas de todos los chilenos y administradas por CORFO.
Para encaminarnos a un país sin desigualdad, sin hambre y sin corrupción, es importante que los Cabildos y Asambleas que se levantaron en una gran cantidad post 18 de Octubre, en los distintos territorios y universidades a lo largo del país, se rearticulen y aporten al debate Constituyente que acordará el nuevo contrato social que nos regirá por los próximos 30 años o más.
