El Tribunal prorrogó por 60 días la inmovilización del Cobra, en la causa por la desaparición de los siete tripulantes de la lancha Bruma.
El Juzgado de Garantía de Coronel resolvió ampliar por 60 días la medida cautelar de prohibición de zarpe del barco pesquero industrial Cobra, además de mantener su custodia bajo personal de la Armada. La decisión se enmarca en la investigación por la desaparición de la lancha artesanal Bruma, ocurrida la madrugada del 30 de marzo frente a las costas de Coronel, hecho que hasta hoy mantiene a siete tripulantes desaparecidos. La causa, sin embargo, aún no ha sido formalizada y permanece en carácter de reservada.
La lancha Bruma fue hallada semihundida en altamar, sin señales de su tripulación ni de la embarcación auxiliar. Durante semanas, la hipótesis de una colisión con un barco industrial se mantuvo como una de las principales sospechas, especialmente tras conocerse que el Cobra, propiedad de la empresa Blumar, era el único pesquero industrial operando en la zona esa noche.
“Presunción razonable de un impacto”
El abogado de la tripulación del Cobra, Alejandro Espinoza, entregó al Ministerio Público un informe elaborado por la empresa Cunlogan —filial de la francesa CLS Group— que detalla información satelital clave. Según ese análisis, el Cobra pasó a solo 72 metros de la última ubicación reportada por el Bruma a las 3:07 horas. Además, el informe reveló que la señal de la lancha desaparecida no se interrumpió a las 2:00, como se creía hasta ahora, sino que continuó hasta las 3:09. La transmisión siguiente, programada para las 3:17, nunca ocurrió.
“Lo que sugiere que el accidente ocurrió en ese lapso”, señaló Espinoza. Y agregó: “A partir de esta información, no hay certezas, pero sí existe una presunción razonable de un impacto entre el Bruma y el Cobra”.
El abogado fue enfático en señalar que una eventual colisión no implica responsabilidad automática de la tripulación del Cobra. Afirmó que todos los sistemas de prevención de colisiones estaban operativos y que se mantenía vigilancia activa. También apuntó a que la lancha Bruma no habría informado su posición a las autoridades marítimas ni a otras embarcaciones en la zona, y que su presencia no fue detectada por los radares del pesquero industrial.
Espinoza solicitó, además, que el Cobra sea llevado a dique seco para una revisión detallada del casco y hélice, procedimiento que podría ser costeado por la empresa.
Sospechas
Desde el 1 de abril, cuando se inspeccionó el Cobra en el puerto de San Vicente y se encontraron restos compatibles con otra embarcación en su estructura, las sospechas de una colisión han cobrado fuerza. La tensión aumentó el 5 de abril, cuando Juan Roberto Sanhueza Ánriquez, uno de los tripulantes del Cobra, desapareció justo antes de declarar ante la PDI. Su cuerpo fue hallado días después en un sitio eriazo de Coronel. Aunque la Fiscalía descartó intervención de terceros, el hecho elevó la presión pública sobre el caso.
El Gobierno presentó una querella por homicidio con dolo eventual, ante la posibilidad de una omisión de auxilio. La búsqueda oficial fue cerrada el 15 de abril tras 17 días sin resultados. Hasta hoy, no se ha logrado ubicar a ninguno de los siete pescadores desaparecidos.
“La seguridad en el mar depende de la adopción de medidas de seguridad adoptadas por las tripulaciones de todas las embarcaciones involucradas en el accidente”, concluyó el abogado Espinoza.
