Blumar anuncia acciones legales contra el proyecto de fraccionamiento pesquero y advierte impacto en inversiones, empleo y desarrollo regional.
La empresa pesquera Blumar anunció que tomará medidas legales contra el proyecto de ley de fraccionamiento, actualmente en discusión en el Congreso, que propone redistribuir las cuotas de pesca entre el sector industrial y artesanal, modificando los porcentajes vigentes hasta 2032.
La iniciativa, además de alterar derechos ya establecidos y el marco regulatorio vigente, genera una división artificial entre dos sectores que históricamente han trabajado de manera complementaria, provocando además la paralización de importantes inversiones que el sector industrial tenía proyectadas, particularmente en la pesquería del jurel, que representa el 87% de la recaudación fiscal del sector.
“Estamos frente a una vulneración de derechos adquiridos. Como empresa, tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros accionistas, incluyendo aportantes de AFP y fondos de inversión», señaló el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.
De materializarse la iniciativa legal en su forma actual, se afectaría directamente a más de 6.500 empleos de calidad en la Región del Biobío, donde se concentra el 17% del empleo total de la pesca industrial. Además, casi 400 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector en esta región verían comprometida su actividad.
«La incertidumbre generada ya está afectando las inversiones del sector. Con el crecimiento actual de la cuota, deberíamos estar planificando estrategias de expansión, nuevas plantas y flotas, pero es imposible proyectarse con este nivel de inestabilidad», agregó Balbontín.
El proyecto, lejos de mejorar la sustentabilidad del sector, provocaría que miles de toneladas de jurel se destinen a harina de pescado en lugar del consumo humano directo, contradiciendo los objetivos de aumentar la disponibilidad de alimentos del mar para las personas.
Blumar considera que se deberían promover regulaciones que fortalezcan esta colaboración en beneficio del país y los recursos marinos.
Como ejemplo concreto, la compañía ya se vio obligada a suspender el proyecto de construcción de una nueva planta en Coronel, lo que significa el congelamiento de la creación de aproximadamente 450 nuevos puestos de trabajo.
Por ello, la empresa manifestó su preocupación por la falta de diálogo y la ausencia de fundamentos científicos y sociales en el proyecto del Ejecutivo, reafirmando su compromiso de agotar todas las instancias legales para proteger la sustentabilidad del sector y el desarrollo regional.
“Siempre estaremos disponibles para un diálogo en que prime el desarrollo sustentable del sector pesquero. En momentos en que el país experimenta un crecimiento lento, como empresa nos ponemos a disposición para contribuir a una reactivación que potencie a Chile como una fuente de alimentos del mar”, concluyó Gerardo Balbontín.
