Diputados aprobaron mayor parte del proyecto con 136 votos a favor, pero rechazaron artículos clave sobre anchoveta, merluza y reineta.
En su tercer trámite constitucional, el proyecto de Ley de Fraccionamiento —derivado de la futura Ley General de Pesca— fue aprobado en general este martes en la Cámara de Diputados con amplio respaldo: 136 votos a favor y solo una abstención. La iniciativa, que busca redistribuir las cuotas de extracción entre el sector artesanal e industrial, había sido previamente despachada por el Senado, tras revisión en las comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y de Hacienda.
Sin embargo, cinco artículos fueron rechazados y deberán ser resueltos en comisión mixta. Se trata de las disposiciones referidas a la anchoveta, la sardina española, la merluza común, la subasta del jurel y la cuota global anual de la reineta, que no alcanzaron consenso en la Cámara Baja tras las modificaciones introducidas por el Senado.
“El grueso de lo que estamos conversando ha sido aprobado con grandes acuerdos”, señaló el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacando que el foco del proyecto es asegurar una distribución equitativa de los recursos marinos entre ambos sectores productivos.
En contraste, desde el oficialismo surgieron fuertes críticas al procedimiento legislativo seguido por el Senado. El diputado Jorge Brito (FA) acusó falta de participación social y un calendario desfavorable para los pescadores. “A diferencia nuestra, que tuvimos más de 200 audiencias, en el Senado, sin participación social, tomaron una decisión que va a condenar a nuestras caletas de la zona centro-sur”, afirmó. También cuestionó que el debate se haya llevado a cabo “en la única semana del año en la cual los pescadores no pueden estar en este Congreso”.
Merluza común
Uno de los puntos más controvertidos fue la modificación a la distribución de la cuota de merluza común. Mientras la Cámara había aprobado originalmente una proporción de 70% para el sector artesanal y 30% para el industrial, el Senado alteró la fórmula a un 43% para los artesanales y 57% para los industriales, generando amplio rechazo entre los diputados oficialistas.
En esa línea, el diputado Jaime Naranjo (PS) apeló a corregir distorsiones heredadas de la actual Ley de Pesca, conocida como “Ley Longueira”. “A través de esa norma legal, la corrupción se impuso a la justicia y a la explotación racional de los recursos pesqueros de nuestro país”, declaró. A su juicio, es posible la coexistencia entre ambos sectores, “pero no en los términos que se impuso en una ley corrupta”.
“Bomba atómica”
Desde la vereda opuesta, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) respaldó las modificaciones del Senado, especialmente la eliminación de la subasta del jurel. “Este proyecto originalmente era una verdadera bomba atómica para la región del Biobio. Y para eso jamás va a estar disponible mi voto, porque debemos estar siempre del lado de generar estabilidad laboral para los chilenos y no precarizar el empleo, como originalmente este proyecto pretendía (…) yo valoro lo que ocurrió en el Senado y invito y convoco a esta sala a votar favorablemente el informe del Senado, que viene a poner las cosas en su lugar”.
En tanto, el diputado Leonidas Romero (Ind.-PSC) sostuvo que “fui el único diputado de derecha, porque me siento orgulloso de ser de derecha, que voté a favor de eliminar la actual Ley de Pesca”, aseguró. Agregó que no apoyará las disposiciones sobre merluza ni el mecanismo de subasta, señalando que “vamos a ir a la comisión mixta”.
En tanto, el diputado Bernardo Berger (RN) defendió el paso a comisión mixta como una oportunidad para “reajustar los equilibrios técnicos” en el caso de la merluza común. “Algunos de los cambios introducidos en el Senado alteran ese equilibrio (…) Esto es clave especialmente donde existen disposiciones sobre fraccionamiento que requieren mayor consenso técnico y político”, explicó.
