Un informe jurídico alerta sobre las modificaciones a la Ley de Pesca y su potencial impacto en derechos adquiridos y la inversión.
Un informe jurídico elaborado por el expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, que fue revelado por el diario La Tercera, concluyó que las modificaciones propuestas por el Gobierno en la Ley de Pesca son inconstitucionales y expropiatorias. El documento, encargado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), analiza el impacto del nuevo fraccionamiento de cuotas y la licitación de licencias transables de pesca, determinando que estas medidas afectan derechos de propiedad adquiridos y generarían la obligación de indemnizar a las empresas del sector.
Bajo el título «Proyectos de Ley de Pesca. Derechos Adquiridos, Libre Competencia y Eficiencia Económica», el estudio evalúa las implicancias legales y económicas de las iniciativas en discusión en el Senado. En particular, Menchaca advierte que la reasignación de cuotas entre la pesca industrial y artesanal en 18 pesquerías, así como la licitación de licencias transables clase A, vulneran principios constitucionales.
Incertidumbre jurídica
El informe sostiene que la eventual aprobación de estas medidas equivaldría a una expropiación sin la debida compensación, contraviniendo la Constitución. En este sentido, el abogado argumenta que “lo que en realidad hacen los proyectos de ley es reasignar derechos de propiedad que ya fueron previamente asignados, se encuentran plenamente vigentes y en uso y forman parte del patrimonio de sus titulares, sin expropiación previa”, lo que califica como un acto inconstitucional.
Asimismo, el documento advierte que la decisión de licitar nuevamente derechos ya concedidos a través de una normativa anterior sería ilegal, pues “sostener que se pueden licitar bienes ya previamente concedidos por el Estado a través de una ley, por el simple expediente de dictar una nueva ley que en los hechos deje sin efecto los bienes concedidos por la ley anterior es total y claramente inconstitucional”.
Bajo esta perspectiva, Menchaca enfatiza que “solo se puede privar al titular de su propiedad a través de una ley expropiatoria y cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la Constitución”.
Impacto en la competencia e inversión
El informe también cuestiona los fundamentos económicos de la reforma, argumentando que la experiencia internacional no respalda el esquema de licitaciones propuesto. De acuerdo con Menchaca, “no existe evidencia teórica, jurídica, empírica o histórica que lo recomiende”, ya que este mecanismo no ha demostrado ser efectivo para reducir la concentración del mercado ni mejorar la competencia.
Por el contrario, el sistema de licencias individuales transables, vigente desde la Ley de Pesca de 2013, ha permitido estabilidad en el sector. “Este es un mercado que exige inversiones a largo plazo y de gran escala, que se promueven mediante un contexto económico estable y capaz de otorgar certeza jurídica a los incumbentes”, sostiene el informe. En cambio, la licitación recurrente de licencias “desincentiva la inversión de los nuevos agentes y solo fomentará la concentración en el mercado”.
Sostenibilidad de los recursos pesqueros
El análisis también advierte sobre las implicancias ambientales de las modificaciones propuestas, señalando que la incertidumbre generada por las licitaciones podría incentivar la sobreexplotación de los recursos marinos. Según Menchaca, “las licitaciones recurrentes hacen que el adjudicatario de las licencias tenga incentivos para sobreexplotar el recurso mientras dure la licencia”, en contraste con un modelo de concesiones a largo plazo, donde “el dueño de licencias establecidas a largo plazo tendrá todos los incentivos puestos en el cuidado del recurso, pues su aumento le traerá beneficios a largo plazo”.
Las propuestas analizadas por el informe están siendo revisadas en la Comisión de Hacienda del Senado con urgencia de discusión inmediata, lo que acelera su tramitación. Un punto clave del debate es la regulación del jurel, cuyas cuotas serían redistribuidas bajo criterios diferenciados por zona, lo que agrega un factor adicional de controversia en la industria pesquera.
