Eduardo Riquelme previno que la objeción de Quito va a contramano de un acuerdo multilateral en torno a la regulación y salvaguarda de ese recurso en el Pacífico sur. (Mundo...
Eduardo Riquelme previno que la objeción de Quito va a contramano de un acuerdo multilateral en torno a la regulación y salvaguarda de ese recurso en el Pacífico sur. (Mundo Acuícola).
En el Palacio de la Paz, simbólico edificio de la ciudad neerlandesa de La Haya, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, pronunció este miércoles un alegato, como parte de un litigio relacionado con la captura del jurel en el área sur del océano Pacífico.
El origen del pleito se vincula con una objeción formulada el 29 de marzo pasado por Ecuador en contra de una “medida de conservación y ordenamiento” adoptada por un organismo multilateral (OROP-PS) respecto de esa especie, que se desplaza entre alta mar y las costas sudamericanas.
A través del reclamo, Quito busca aumentar su cuota o porcentaje de captura del jurel, lo que, en opinión de Santiago, contraviene los acuerdos suscritos en el marco de la OROP-PS (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur). La entidad está conformada por países de distintos continentes, cuyas flotas operan en el área: Chile, Ecuador, Rusia, China, Australia, Vanuatu y Perú, entre otros.
“Es un honor comparecer ante ustedes en representación del Estado de Chile”, dijo Eduardo Riquelme, al comienzo de su alegato en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El subsecretario desplegó sus argumentos frente a un panel de expertos en derecho internacional pesquero, que tendrá un plazo de 45 días para pronunciar un fallo y zanjar el litigio.
Riquelme se presentó en el Palacio de la Paz junto a una comitiva en la que destacó la presencia de la jurista María Teresa Infante, embajadora chilena en los Países Bajos y co-agente frente a la demanda boliviana que tramita la Corte Internacional de Justicia. Katherine Bernal y Mauro Urbina, ambos de Subpesca, integraron también el grupo.
En la primera parte de su presentación, el subsecretario de Pesca y Acuicultura apuntó a un contrasentido en el reclamo de Quito, tomando en cuenta que inicialmente validó la medida de la OROP-PS que ahora cuestiona: “No solo no fue objetada por la República del Ecuador, sino que dicho Estado respaldo la decisión contenida en ella”.
Más adelante, hizo hincapié en que la objeción ecuatoriana siguió un itinerario distinto del previsto para este tipo de casos: “Lo anterior no resulta irrelevante, dado que la convención aquí alegada como marco legal establece las formas y procedimientos para llevar adelante impugnaciones o propuestas de modificación a las medidas existentes”.
En ese punto, Riquelme previno que el camino seguido por Quito va a contramano del acuerdo sobre el que está constituida la OROP-PS, al punto de amagar su continuidad: “El no ceñirse a las reglas establecidas afecta la certeza jurídica que debe imperar en todo el proceso de las negociaciones. Aceptar lo contrario pondría en tela de juicio todas las formas y reglas de procedimiento que, en virtud de lo dispuesto en la convención, han sido adoptadas”.
Apoyado en una serie de argumentos técnicos, el subsecretario ahondó en la imposibilidad de dar curso a la pretensión ecuatoriana de aumentar su cuota y advirtió que hacerlo “podría conllevar una discriminación arbitraria para el resto de los participantes en la pesquería”.
Por el contrario, valoró una fórmula propuesta por Vanuatu para resolver las materias relacionadas con las asignaciones, “uno de los ejercicios de cooperación más difíciles de concretar”, como él mismo anotó. En lo medular, el estado oceánico sugiere realizar redistribuciones, conforme al uso que los distintos países hacen de sus respectivas cuotas.
Chile fue uno de los principales impulsores de la OROP-PS, vigente desde 2012. La entidad fue creada para contribuir a la recuperación del jurel, que en ese entonces se encontraba sobreexplotado.
El subsecretario Eduardo Riquelme es abogado, doctor en Derecho © por la Universidad de Navarra (España) y especialista en litigación penal.
