Los pescadores afectados han expresado su profunda preocupación por el impacto que este derrame ha tenido en su fuente de trabajo. «Sabemos que los hidrocarburos son contaminantes extremadamente nocivos para todo el ecosistema. Nos estamos viendo enfrentados a una compleja situación, ya que no sabemos cuánto tiempo ni en qué medida estará afectado el espacio costero para poder reanudar nuestra actividad», señaló Carlos Torres, vocero de la agrupación.

La paralización forzada de las actividades pesqueras dejó a decenas de familias en una situación de alta vulnerabilidad y es por ello que solicitan a la justicia se les indemnice en $10 millones por pérdida de chance y $10 millones por daño moral a cada uno de los y las pescadores afectados. Torres agrega: «Esto nos pone en una posición muy precaria, y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias, no sólo para que los responsables de esta situación enfrenten las consecuencias legales correspondientes, sino también para que se hagan cargo del daño que han causado».

Por su parte, Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEPP, manifestó: “Como organización adherimos a la denuncia de nuestros compañeros de Puerto Chacabuco, apoyamos sus demandas y las hacemos propias, por lo que emplazamos a las autoridades y la empresa cuestionada a responder de forma favorable y responsable frente a estos hechos”.