Exgerente de Indura niega colusión en gases industriales; FNE solicita multas millonarias y posible cárcel.
Marcelo Torres, exgerente general de Indura, ha negado firmemente las acusaciones de colusión presentadas en su contra. El 29 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Indura, Linde, y tres de sus ejecutivos, alegando colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales entre noviembre de 2019 y enero de 2021.
La defensa de Torres, encabezada por los abogados Javier Velozo, Pablo Pardo y Paula Vial, solicitó acceder a las grabaciones de los llamados telefónicos que sustentan el requerimiento para explicar adecuadamente el contexto de los mismos. «Nuestro representado tiene la absoluta convicción de no haber participado en el acuerdo colusorio acusado por la FNE», afirmaron en el escrito presentado el lunes. Además, pidieron la suspensión del proceso hasta que la FNE cumpla con su Instructivo Interno para el Desarrollo de Investigaciones, debido a que no se han revelado los documentos y registros telefónicos interceptados.
La FNE acusa que Indura y Linde acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado y no competir por los clientes que ya abastecían. Esta supuesta colusión habría afectado a una amplia gama de sectores, incluyendo metalúrgico, papelero, forestal, constructor, entre otros. La FNE ha solicitado al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) que aplique multas por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 31,3 millones. De esta cantidad, US$ 31,2 millones corresponden a Indura y US$ 114.392 a Marcelo Torres.
En cuanto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de multas por cumplir con los requisitos del programa de delación compensada. Además, pidió la exención de responsabilidad penal para los exejecutivos de Linde cubiertos por dicho programa.
La acusación de la FNE se basa en hechos ocurridos después de la reforma al Decreto Ley N° 211 en 2016, que permite sancionar con cárcel a los involucrados en actos de colusión. Si el requerimiento de la FNE es acogido por el TDLC, y posteriormente se presenta una querella contra Marcelo Torres, el Ministerio Público podría intervenir. La FNE ya ha pedido una multa de $109 millones para Torres y de US$31,2 millones para Indura. Además de las sanciones administrativas, Torres podría enfrentar penas de cárcel de 3 años y un día a 10 años, y la inhabilitación para ejercer cargos de director o gerente en varias instituciones durante un período de siete a diez años.
*Créditos fuente: La Tercera
