El gremio de la pesca industrial manifiesta que, además de las importantes pérdidas económicas, el principal problema es reputacional y comercial, dañando a empresas de la pesca y otros rubros.
Más de 50 días lleva el paro en Puerto Coronel, el mayor terminal marítimo de la Región del Biobío, en el que se estiman pérdidas para la región por más de US$ 75 millones, además de hechos de violencia en el marco de las movilizaciones de los trabajadores.
En ese sentido desde la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca F.G. manifiestan su preocupación por las consecuencias que trae este conflicto a las compañías pesqueras de la zona, y de otros rubros, así como el daño a las empresas de menor tamaño, el comercio local, la estabilidad económica y a la imagen de Chile y Biobío con los mercados internacionales.
“Este paro es un nuevo golpe a la estabilidad económica de la región del Biobío que podría tener graves consecuencias para los exportadores nacionales, pero también porque genera incertidumbre y pérdidas de contratos con los compradores internacionales, poniendo en tela de juicio la seriedad y capacidad de resolución de conflictos. Pero también, afecta el orden público y seguridad de trabajadores y contratistas”. Manifestó el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez.
Además, Velásquez explicó que los productos del mar para el consumo humano, son sensibles a cualquier cambio de temperatura, “cuando se exportan productos congelados los contenedores deben estar en promedio a -19 grados para que no se pierda la producción, y tenemos casos de empresas que están enviando jurel y choritos congelados y no se sabe el estado de los productos, y si mantienen las condiciones de ser exportados, poniendo en riesgo la producción”.
Desde el gremio manifiestan que, si bien el conflicto es entre privados el ejecutivo debería tener un rol protagónico desde el ministerio de Economía para, justamente, fortalecer el comercio en una zona que ha sido golpeada en el último tiempo. Por otra parte, tampoco hay apoyo de los ministerios de Transporte y Defensa, quienes fiscalizan y deberían resguardar la infraestructura crítica y estratégica los puertos.
Por último, desde la federación recalcan que esta situación afecta la reputación del país y de una región con tradición productiva y manufacturera, y pide que se tomen medidas que permitan resolver el problema en forma rápida y no acumular más pérdidas y afectaciones económicas.
