El proyecto de ley genera preocupación en Coquimbo debido a la reducción drástica de permisos para la pesca industrial.
La reducción drástica de los permisos actuales para la pesca industrial, contemplada en el proyecto de ley para una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, actualmente en debate en la Cámara de Diputados, pone en riesgo la estabilidad laboral de cerca de dos mil personas que trabajan en el ámbito de la captura de crustáceos demersales (camarón nailon, langostino colorado y langostino amarillo) en la región de Coquimbo.
La propuesta legislativa establece un aumento significativo en la proporción de asignaciones a través de subastas públicas, pasando del actual máximo del 15% por pesquería al 50% del total de la fracción industrial. Esto no solo significa desconocer los derechos históricos de los actores pesqueros ya establecidos, sino que también beneficia a las empresas más grandes y con mayor poder financiero, en detrimento de las medianas y pequeñas. Este último caso es especialmente relevante para la flota local dedicada a la captura de crustáceos demersales, compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas que no pueden competir con los grandes conglomerados pesqueros nacionales e internacionales.
Esta situación preocupa a las agrupaciones de trabajadores del sector, como el Sindicato de Oficiales y Tripulantes Crustaceros de la Región de Coquimbo, cuyo presidente, Manuel Díaz, explica: “Las cuotas de captura que nos otorgan cada año se verán reducidas; lamentablemente, nos perjudicará. Aquí en la zona, al menos unas dos mil personas trabajan en el camarón y langostino: tripulantes, personal de plantas y todos los involucrados en los muelles pesqueros. Estamos preocupados por esta situación”.
Díaz precisa que la flota industrial crustacera de Coquimbo consta de nueve embarcaciones. La pérdida de derechos de pesca para los armadores actuales significaría que solo podrían operar durante seis o siete meses al año, quedando inactivos el resto del tiempo. Esto afectaría a toda la cadena de producción, incluyendo servicios de muelles, carga y descarga, plantas de procesamiento, transporte, entre otros.
El sindicato se ha comunicado formalmente con miembros del Senado, aunque aún no han recibido respuesta. No obstante, planean continuar sus gestiones para ser escuchados por el gobierno y el Congreso Nacional.
“Debemos salir adelante y luchar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En la cuarta región la cesantía es enorme, si nos recortan las cuotas empeorará”, afirma Díaz.
Cabe mencionar que el proyecto de ley fue presentado por el gobierno el pasado 2 de enero y se encuentra en primer trámite constitucional. Fue aprobado en general por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados el 20 de marzo. Contiene 375 artículos y 28 disposiciones transitorias, introduciendo una serie de cambios para las actividades económicas en el mar chileno, los cuales han generado críticas desde diversos sectores de la pesca y acuicultura.
