La presencia de concesiones salmoneras en áreas protegidas genera preocupación en ONGs por el impacto en la biodiversidad.
El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) continúa avanzando en el Congreso. Tras una extensa jornada de votación en la Comisión Mixta, pasa a ser votado en el Senado y luego en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Cabe recordar que más de una década lleva siendo tramitada en el Parlamento la creación del SBAP, una deuda que tiene el Estado con la institucionalidad ambiental, pero sobre todo con la protección y conservación de la biodiversidad. La iniciativa busca establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad y la administración de las áreas protegidas.
El debate de los últimos días estaba centrado en la propuesta del Gobierno que buscaba terminar con el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, debido a la amenaza que puede significar el desarrollo de cierto tipo de actividades extractivas y de alto impacto en la biodiversidad, lo que desencadenó manifestaciones el fin de semana y en la mañana del lunes por parte de trabajadores de la salmonicultura.
“Todo indica que la proyección de crecimiento futuro de la industria salmonera es dentro de áreas protegidas”, dijo la directora de la organización Oceana, Liesbeth van der Meer.
Actualmente, existen 411 concesiones salmoneras otorgadas que se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes. Sin embargo, la Comisión Mixta no llegó a un consenso y en la votación, que resultó en un empate de 5 votos a favor y 5 en contra, dicho artículo fue rechazado.
“Estamos totalmente en contra de que se otorguen concesiones sectoriales dentro de áreas protegidas, ya que dejaría la puerta abierta para la instalación de industrias de alto impacto como la minería o la salmonicultura”, agregó Van der Meer.
“Lo que se discutía hoy era el otorgamiento o no de nuevas concesiones dentro de una categoría de área protegida, como son las Reservas Nacionales y Forestales, y no la caducidad de las existentes, por tanto, jamás estuvo en riesgo el empleo”, puntualizó.
En ese sentido, la directora de Terram, Flavia Liberona, afirmó que la industria salmonera “ha intentado desviar la atención de sus reiterados incumplimientos ambientales”.
La investigadora asociada del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y doctora en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Olga Barbosa, señaló que, si bien la preocupación respecto al empleo es legítima, también hay que comprender como sociedad que las actividades productivas no se podrán seguir realizando si es que los ecosistemas no están funcionando de manera adecuada.
Al respecto, un antecedente importante es que, a nivel mundial, la biodiversidad está en peligro. Según las Naciones Unidas, la pérdida de diversidad biológica, junto al cambio climático y la contaminación, son las tres mayores crisis planetarias en la actualidad.
“Nosotros como IEB y como comunidad científica entendemos que exista una preocupación respecto del empleo, porque por supuesto es algo muy legítimo, pero si nosotros realmente como sociedad entendiéramos cómo funcionan los ecosistemas, esta discusión no se estaría dando. Porque en el fondo, desgraciadamente, todavía no se entiende que no existe producción cuando la naturaleza no está sana, es decir, en una naturaleza enferma o un ecosistema que no funciona de manera adecuada, es imposible producir allá dentro”, agregó Barbosa.
Los salmones son una especie exótica que puede generar desequilibrios graves en la biodiversidad, sumado a las prácticas industriales que potencian los riesgos a través de la sobreproducción, la utilización de antibióticos y la generación de focos de enfermedades, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones.
“Basta recordar las decenas de procedimientos sancionatorios abiertos por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra empresas como Nova Austral o Australis Mar por sobreproducción dentro de áreas protegidas, a lo que se suman las recientes infracciones laborales impartidas por la Dirección del Trabajo producto de las condiciones de riesgo en las operan los buzos, lo cual ha producido una gran cantidad de accidentes graves e incluso muertes”, expresó Liberona.
*Créditos nota: Fundación Terram
