«Queremos saber exactamente en qué medida se va a afectar el entorno natural y cultural de nuestra zona para poder así impedir que la empresa Invermar realice la ampliación de sus instalaciones», señalaron desde la comunidad organizada.

A través de un comunicado fechado en Colaco el 22 de febrero, la Unión Organizada en Defensa de las Aguas y las Tierras de Codihué, en representación de los habitantes de las comunidades rurales de las localidades de Chayahue, Abtao, Isla Huapi, Colaco, Aucha, Aguantao, El Dao, Peñasmo y desde ensenada de Codihué hasta canal Quihua, en la Región de Los Lagos, manifestaron su preocupación, molestia y rechazo por el proyecto de «Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha» de la empresa salmonera Invermar S.A.

La citada compañía se instaló en el sector del río Aucha con un proyecto inicial (RCA N° 049/2017) que consideraba la construcción de una planta destinada a la producción anual de 660 t/año de ova ojo a alevines (crías de salmón), en una superficie total de 3,1 hectáreas, para lo cual consumiría un total de 51 l/s de agua extraída desde pozos.

Estas obras aún no han terminado y la empresa ingresó una nueva DIA con un proyecto de ampliación que pretende incrementar la producción en 480%, para lo cual se requiere aumentar las instalaciones exponencialmente para así llegar a una producción anual de 3.200 toneladas por año, consumiendo un total 429 l/s de agua en un total de 6,1 hectáreas.

«Dicho proyecto cuenta con un presupuesto de 24 millones de dólares e ingresó al SEA de la Región de los Lagos solamente con una Declaración de Impacto Ambiental y no con un EIA, en diciembre del año 2021, cuyo status en estos momentos es de ‘En Calificación’», afirmaron los habitantes del territorio en su declaración.

«Justamente -agregaron-, esta transformación del proyecto inicial es lo que como comunidad nos pone en alerta ya que vemos como esta empresa quiere instalar una gran planta con el evidente perjuicio para nuestro entorno y nuestra calidad de vida como son:

1. Aumento del consumo de aguas provenientes de napas, del río Aucha y el mar, teniendo en cuenta que estamos en una zona declarada con escasez hídrica y en la cual hay sectores que no tienen acceso a agua potable. Este proyecto afecta a la disponibilidad de agua para consumo humano y para la mantención de actividades propias del lugar, como la agricultura, horticultura y ganadería.

2. Aumento de las emisiones del caudal de descarga de residuos líquidos sobre nuestras costas producto del ensanchamiento del diámetro de los ductos. Esto afecta a la biodiversidad de especies nativas y endémicas presentes, como la flora y fauna que habita en el río Aucha y humedales aledaños, destacando el humedal que existe en el río Aucha que es un ecosistema único donde hay gran diversidad de flora y fauna que abarca desde el puente Aucha hasta los terrenos de la piscicultura, el borde costero y la Isla Lagartija, declarada Santuario de la Naturaleza el año 2017, por mencionar algunos de los espacios en riesgo;

3. La empresa no ha medido el real impacto sobre el fondo marino ni las especies de flora y fauna producto del vertimiento de riles, y tampoco ha hecho un catastro de las especies migratorias que podrían verse afectadas;

4. Afecta a áreas protegidas de comunidades indígenas adscritas en Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas, los cuales realizan actividades sociales ancestrales en el borde costero como recolección de orilla;

5. Impacto sobre el borde costero el cual contiene vestigios arqueológicos como conchales y corrales de pesca, aparte de pertenecer a diversas comunidades indígenas;

6. Aumento del tránsito de camiones de gran tonelaje por caminos que son principalmente de ripio. Esto provoca aumento de contaminación por partículas en suspensión. Cabe destacar que la empresa se comprometió a humedecer los caminos para evitar este problema durante el proceso de construcción, lo cual no ha cumplido;

7. Generación de ruidos y olores molestos producto de la construcción y operación de esta planta. Este proyecto contrasta con el perfil rural y turístico de la zona, numerosas empresas turísticas que dan sustento a familias del sector se verán perjudicadas por la instalación de esta planta», puntualiza la declaración.

Además, denunciaron que la empresa «sin tener autorización por parte de la gobernación marítima ni concesión autorizada, comenzó a trabajar en el borde costero irrumpiendo ilegalmente con maquinaria».

«La magnitud de este proyecto amerita un EIA que refleje de manera multisectorial el real impacto de esta planta sobre nuestro entorno y dimensione el real deterioro ecológico sobre el equilibrio natural de nuestro ecosistema, sobre las zonas protegidas por comunidades indígenas y sobre la calidad de vida de todos los habitantes de la zona», manifestaron desde la comunidad.

«Queremos saber exactamente en qué medida se va a afectar el entorno natural y cultural de nuestra zona para poder así impedir que la empresa Invermar realice la ampliación de sus instalaciones y así proteger nuestro territorio para las generaciones futuras, por nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la preservación de la naturaleza y el cuidado del patrimonio natural y cultural de nuestra zona», concluyeron.