Otrora pescadores del recurso merluza y dirigentes de la Agrupación de Pescadores por Magallanes, Boris Legüe y Juan Carlos Peralta, quienes reconocen que hoy más que nunca han sentido las consecuencias de un largo periplo que se inició en 2005 cuando una resolución autorizó la asignación de cuotas sólo a los armadores.
“Hoy queremos que se modifique la Ley de Pesca y para eso hay que buscar apoyo. Estamos confiados de los cambios que se darán con una nueva Constitución pero, por sobre todo, en el cambio de consciencia social”, señala Boris Legüe (La Prensa Austral).
¿Cuánto?, “Ya son más de 15 años y tres desde que entregamos las últimas propuestas al subsecretario. Hasta hoy, seguimos sin nada”. Así lo señalan los otrora pescadores del recurso merluza y dirigentes de la Agrupación de Pescadores por Magallanes, Boris Legüe y Juan Carlos Peralta, quienes reconocen que hoy más que nunca han sentido las consecuencias de un largo periplo que se inició en 2005 cuando una resolución autorizó la asignación de cuotas sólo a los armadores.
Hasta ese momento, exponen, el trabajo era un esfuerzo conjunto entre los dueños de embarcaciones y tripulantes, donde no había más diferencias que las negociaciones para los correspondientes pagos. Luego de un periodo de crisis del recurso, en 2013 “se hizo un estudio con participación de todos los sectores, en la cual participamos y donde al final, en base a engaños, quedamos fuera y se resolvió dejar el recurso sólo a los armadores. Incluso pensamos que eso podría generar un trabajo continuo y conveniente, pero no fue así porque ellos (los armadores) encontraron la forma de negociar y vender el 100% de su cuota a la pesca artesanal. Y hoy la realidad indica que ningún armador tiene a sus naves trabajando, porque todo se lo cedieron a las industrias”.
Los dirigentes cuentan que la lucha por revertir esa realidad ha sido desgastante, tan dramática como lo ha sido para más de 200 pescadores de Magallanes y sus familias que de la noche a la mañana y después durante años han debido enfrentar la realidad de ver menguados sus ingresos, muchos destinando sus esfuerzos a la pesca de otros recursos, escasos o con valores muy bajos en el mercado.
Y no sólo eso, advierten, porque también esa realidad se ve reflejada en el consumidor. “Hoy comer merluza es casi un lujo. Ponerla en la mesa cuesta entre $7 mil y $14 mil (el kilo), en consecuencia que si nosotros como pescadores fuéramos parte del proceso de producción no debería pasar los $ 4 mil”, señalan.
En busca de apoyo
Los pescadores agregan que un momento de “esta historia” todo parecía ir bien encaminado, “porque habíamos logrado incluso el apoyo parlamentario que necesitamos, pero hay otros intereses que se manejan en los pasillos y que terminaron incluso con un voto en contra a nuestras propuestas. En 2017 le hicimos llegar al subsecretario de Pesca y Acuicultura una carta exponiendo el problema y proponiendo que se nos entregara una cuota social a nivel regional, considerando que los gobiernos insisten en la necesidad de la alimentación sana, y con los actuales precios quién come pescado. Esa cuota social permitiría entregar la merluza en jardines infantiles, escuelas, hospitales, y a nosotros nos entregaría trabajo. Hoy seguimos esperando por una respuesta positiva”, señala Legüe.
“Hoy queremos que se modifique la ley de pesca y para eso hay que buscar apoyo. Estamos confiados de los cambios que se darán con una nueva Constitución pero, por sobre todo, en el cambio de consciencia social, que permitirán entender que los recursos son de todos y para todos y que la pesca, como ocurre también en otras áreas, no puede seguir siendo un negocio para unos pocos”, agregó.
