Se concretó la detección de cuatro vehículos que transportaban 22 toneladas de merluza ilegal y otros recursos (Mundo Acuícola-Sernapesca). La noche del lunes recién pasado, después de efectuar un análisis...
Se concretó la detección de cuatro vehículos que transportaban 22 toneladas de merluza ilegal y otros recursos (Mundo Acuícola-Sernapesca).
La noche del lunes recién pasado, después de efectuar un análisis de inteligencia y cruzar distintas informaciones en el contexto del modelo de fiscalización pesquera, personal de Sernapesca en coordinación con Carabineros de Chile, toma la decisión de efectuar un control carretero en la región del Maule, bajo un enfoque de riesgo. Esto significa que, de acuerdo con los datos obtenidos, sería altamente probable encontrar una transgresión a la norma en un lugar y hora determinados.
El resultado de esa decisión se concretó en la detección de cuatro vehículos que transportaban 22 toneladas de merluza ilegal y otros recursos.
Estas acciones de control están en el marco de lo comprometido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en orden a asegurar la sustentabilidad de la actividad pesquera, en todos los eslabones de la cadena productiva. La estrategia consiste en apoyar acciones que promuevan la trazabilidad de la pesca legal, disminuyendo la participación de intermediarios que promueven la pesca ilegal y fijan precios bajos de comercialización, afectando directamente a los pescadores artesanales y, de paso, encareciendo el producto para el consumidor final.
Cabe destacar que el fiscalizador de Sernapesca tiene la calidad de ministro de fe, al igual que la tienen, entre otros, Carabineros, fiscales y personal de la Armada. No obstante, en el evento de oposición al registro o inspección, los fiscalizadores pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Agresión a funcionario
En el contexto del procedimiento referido, el chofer de uno de los vehículos incautados fue detenido por Carabineros por agredir a un funcionario de Sernapesca, quien resultó con lesiones leves.
Al respecto cabe advertir que la normativa vigente contempla un estatuto general de protección a los funcionarios públicos en el Código Penal (Título VI, art. 261), que sanciona con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa, a los que acometan o resistan con violencia, empleen fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, cuando aquélla o éstos ejercieren funciones de su cargo.
Por lo anterior, según indicó la Directora Nacional (S) Marcela Lara, el Servicio ejercerá todas las acciones legales correspondientes, con el fin de obtener sanciones ejemplarizadoras contra quienes atenten contra la integridad física de nuestros funcionarios, toda vez que se encuentran ejerciendo su función fiscalizadora para evitar conductas transgresoras, en especial aquellas que afectan la sustentabilidad del recurso pesquero.
—
