Lunes
27/03/2017
15 años de Ley de Pesca: Siempre reaccionando
Los principales actores – los productores – siempre han estado ausentes en la labor creativa de la legislación acuícola, endosándole al Estado esta responsabilidad o quejándose de los hechos consumados.
22/01/2015


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15 años de Ley de Pesca: Siempre reaccionando

Por Ronald Schirmer

Legal Sur

En estos últimos quince años de acuicultura ha habido algunos cambios muy relevantes en la legislación que regula la actividad. Pero, sostenemos, siempre reaccionando frente a situaciones críticas o a impulsos políticos, pero nunca ha habido un planteamiento general de la legislación  que necesita la acuicultura para el futuro. Demás esta recordar que los principales actores – los productores – siempre han estado ausentes en la labor creativa de la legislación acuícola, endosándole al Estado esta responsabilidad o quejándose de los hechos consumados, como es el caso de la ley de espacios marítimos costeros para “pueblos indígenas”.

En efecto, desde la entrada en vigencia de la Ley de Pesca (en 1990 en su texto básico) hasta el año 2006, la ley sufrió muy pocas modificaciones en lo sustancial. Se trataba de un sistema de libertad para pedir concesiones dentro de las áreas apropiadas fijadas arbitrariamente por el Estado. El principio de bioseguridad era el autocuidado.

Con la entrada en vigencia de la ley 19.300 se incorpora la necesidad de aprobar la declaración ambiental para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley para obtener una concesión, obligando al interesado a asumir compromisos ambientales, a los antes no estaba obligado.

En el año 2003 se dictaron todos los programas sanitarios generales y específicos para regular la actividad desde un punto de vista de bioseguridad. Si bien eran bastante generales, trataron de llenar un vacío en esta área. En este régimen de libertad una vez otorgada la concesión, se superaron las crisis de precio y la sanitaria del SRS. Este es el escenario hasta el año 2006. Ese año, y con ocasión de un impulso político en contra de los “especuladores” de las concesiones (en una época en que las concesiones valían la décima parte que hoy). La ley 20.091 cambió algunas reglas para tratar de evitar que hubiere un “comercio” de concesiones. Para que decir que lo que algunos buscaban evitar no se pudo evitar y simplemente se cambiaron las reglas de estos negocios.

Desde el punto de vista de la actividad acuícola, lo relevante es la salida de las pisciculturas de la ley de Pesca, quedando reguladas sólo por las normas ambientales. La inscripción automática de las concesiones otorgadas nos ahorra un trámite, pero nada más. Se crean los artículos 80 bis y 80 ter cuya función fue imponer limitaciones a la transferencia de las concesiones y establecer incentivos al pago de un derecho para optar a la transferencia. Se estableció el inicio del período de “perdonazo” de las concesiones en caducidad y el período de no uso de las concesiones que, tras varias prórrogas, duró hasta diciembre de 2011.En definitiva, fue una ley que no cumplió con el objetivo que tuvo, el que tampoco se justificaba de ninguna manera.

En definitiva, no hubo ningún cambio relevante desde el punto de vista de la institucionalidad o de la acuicultura en términos generales como actividad.

Luego vino la gran crisis del ISA del 2008. Y recién nos dimos cuenta que nuestra institucionalidad acuícola no se ajustaba a la realidad de nuestros actores: el autocuidado en aspectos de bioseguridad no resultó suficiente (recordemos el caso del verde malaquita que todos negaban pero todos usaban). Desde el Estado respondiendo a esta necesidad de regular la bioseguridad, se dicta la ley 20.434, la más relevante de los últimos 15 años de acuicultura. Es el primer intento serio del Estado de revertir el régimen de libertad que regulaba la actividad desde su nacimiento a un régimen controlado y regulado por Estado. Es el primer intento de pasar de un sistema capitalista a un sistema socialista en la acuicultura.

Así se crean las agrupaciones de concesiones y se permite a los titulares autorregularse en ciertas materias, pero con el control y aprobación oficial, aumentando al mismo tiempo las facultades de fiscalización y modificando sustancialmente el RESA. Un intento directo de poner término a la autorregulación e imponiendo una forma de realizar la acuicultura segura. Para ello, se cierra – primero transitoria y luego definitivamente – el espacio para nuevas concesiones de acuicultura, incorporando ahora oficialmente tanto a la zonificación del borde costero como a las Comisiones Regionales en la tramitación de eventuales nuevas solicitudes.

Con el ánimo de sacar concesiones de lugares inseguros desde el punto de vista de la bioseguridad, se crea el concepto de la relocalización y el concepto de densidad de cultivo, la herramienta más socialista que hemos podido ver en esta industria desde su creación.  Por razones prácticas se regula la hipoteca de las concesiones, de manera de permitir que los bancos puedan financiar a una industria en crisis y al borde de la quiebra. Si bien hasta la fecha nunca se ha tenido que ejecutar una hipoteca sobre concesiones, es una institución que dejo tranquila a la Banca y con ello ya es suficiente para justificar la norma.

Otra modificación importante de esta ley es la liberación de la transferencia de las concesiones, las que ya no requieren de autorización del Estado. Es un avance en la confianza hacia los titulares, por lo menos en este aspecto, confianza que por otro lado, no se tiene en el ámbito de la bioseguridad, desde el minuto en que las INFA las confecciona el propio Sernapesca.

Una mirada retrospectiva nos permite sostener que Jessica Fuentes, la colega autora de la ley 20.434, debe sentirse orgullosa de su creación. Le ley no es perfecta, pero ha cambiado la forma de hacer acuicultura hacia una acuicultura que va superando lo artesanal y pasa a ser una industria de nivel mundial.

Falta mucho todavía: que los titulares empiecen a utilizar los planes de contingencia de las agrupaciones de concesiones para regular no sólo los descansos, sino que regular de verdad la forma de cultivo, restringir la cantidad de productos químicos que se utilizan, mejorar la eficiencia de los medios, etc.

Para todo cambio se requiere del apoyo del Estado pero debe ser hora de que los actores de esta actividad se anticipen a la próxima crisis y propongan un nuevo Estatuto para la Acuicultura que fije reglas claras, razonables y equilibradas entre la libertad económica, el derecho de propiedad y el deber del Estado de asegurar la bioseguridad y el medioambiente nacional. Esperemos que la próxima ley se trate de una creación y no de una simple reacción.

Revista Mundo Acuícola

Edición número 100

Noviembre-diciembre de 2014