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22/09/2017
El nuevo rol fiscalizador de la Superintendencia de Medio Ambiente en la salmonicultura chilena
Desde el 28 de diciembre de 2012 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tiene la facultad de fiscalizar el desempeño ambiental de las empresas en nuestro país.
17/05/2013


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El nuevo rol fiscalizador de la Superintendencia de Medio Ambiente en la salmonicultura chilena

La salmonicultura no está ajena a este organismo y desde hace un tiempo se ha tenido que adaptar a los cambios que introdujo la nueva institucionalidad ambiental.  ¿Cuál es la tecnología que se está aplicando en las fiscalizaciones?  ¿Qué balance se puede hacer en estos primeros meses de funcionamiento de la SMA?  Son algunas de las interrogantes que tratamos de clarificar tras consultar a la misma Superintendencia, a gremios y empresas relacionadas con la salmonicultura chilena.

Hace poco más de tres años, se produjo un cambio radical en la institucionalidad ambiental chilena.  El martes 26 de enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.417, que introdujo modificaciones sustanciales a la orgánica ambiental del país.  Esto trajo consigo un rediseño completo de las instituciones que guardan relación con el cuidado de nuestro entorno, como es el caso de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, en reemplazo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Conama.

De esta manera, la nueva cartera quedó a cargo del diseño e implementación de políticas, planes y programas en materia ambiental.  Por su parte, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tiene como función ser el órgano de deliberación pública, el Servicio de Evaluación Ambiental es el encargado del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es el organismo que tiene funciones de fiscalización y sanción.

Con respecto a esta última, la Ley 20.600 creó los Tribunales Ambientales, los cuales cuentan con jueces especializados en la materia, en donde se podrá reclamar sobre eventuales sanciones aplicadas por la SMA, con lo cual las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Superintendencia quedan subordinadas a dichos tribunales.

Son funciones de la SMA ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la Ley.

Para llevar a cabo lo anterior, la Superintendencia podrá efectuar tres modalidades de fiscalización.  En primer lugar, una directa a través de sus propios funcionarios.  En segundo orden, por medio de los organismos sectoriales (Sernapesca, por ejemplo) encomendando determinadas labores de fiscalización sobre la base de los programas y subprogramas definidos en conjunto; y, finalmente, a través de terceros debidamente acreditados y autorizados por la SMA.

Además, la Superintendencia posee la rectoría técnica de la actividad de fiscalización ambiental, por cuanto deberá establecer los criterios de fiscalización que deberán adoptar todos los organismos que cumplan funciones de fiscalización ambiental para efectos de llevar a cabo sus labores.  Sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras se implementaron el 28 de diciembre de 2012, día en que se constituyó el Tribunal Ambiental con sede en Santiago, tras el juramento de sus cinco ministros (tres titulares y dos suplentes).

Nuevos desafíos para la salmonicultura

Este nuevo marco normativo trajo consigo una serie de desafíos para la industria acuícola nacional.  De partida, hay un aumento en las sanciones por incumplimientos ambientales, por lo que de a poco las empresas del rubro se han tenido que adaptar a estos cambios.  “Los desafíos pueden darse en varios ámbitos, pero principalmente en la mayor importancia que la dimensión ambiental debe tomar dentro de la organización”, acota Raúl Arteaga, gerente general de la consultora GEQ, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión y evaluación ambiental de proyectos.

Arteaga, quien fue Director Regional de Conama de la Región de Los Lagos, sostiene que la autoridad ambiental fiscalizadora asume facultades que el antiguo organismo no tenía, “como es el caso de ser entidad fiscalizadora por sí misma y, a la vez, con capacidad para coordinar la fiscalización con los servicios públicos competentes”.  Es así como toda sanción que derive de incumplimientos de carácter ambiental, sea por incumplimiento de una norma, un plan o la resolución de calificación ambiental que lo regula, es potestad, hoy, de la Superintendencia de medio ambiente.  “Finalmente, en este nuevo diseño de la institucionalidad ambiental, existen hoy Tribunales Ambientales, con jueces especializados en la materia, en donde se podrá reclamar sobre eventuales sanciones aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, explica el representante de GEQ, para quien este nuevo escenario “requiere ser enfrentado, por parte de las empresas, poniendo la dimensión ambiental como uno de los pilares de su gestión”. 

Soledad Zorzano, gerente de la Asociación de Talleres de Redes y Servicios Afines, ATARED, cree que el gran desafío de la nueva institucionalidad ambiental radica en ordenar al sector salmonero y otros cultivadores en un plazo breve, pero conjugándolo con el necesario equilibrio social y económico.  “Esto no es menor por cuanto la dinámica productiva en estas industrias superó con creces la dinámica estatal, de modo que los altos costos ambientales y sanitarios actuales del país no son rápidos ni fáciles de revertir.  Eso tomará mucho tiempo, pero lo medular acá es que el Ministerio del Ambiente sea capaz de contar con un buen diagnóstico que mostrar y desarrollar un plan estratégico que nos permita transitar del actual escenario a uno futuro sustentable.  En la medida que los privados tengamos claridad en la hoja de ruta, podemos organizarnos gradualmente”, comenta Zorzano.

Cabe aclarar que el sistema de trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se relaciona directamente con el rol del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  Es decir, las fiscalizaciones son desarrolladas de manera exclusiva a partir del contenido de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).  En el caso de la salmonicultura, como las actividades desarrolladas por las empresas del rubro cuentan con múltiples RCA en su cadena productiva, todo lo que se encuentre contenido en cada una de éstas, es exigible, independientemente de si el contenido deriva de una exigencia de tipo ambiental o no.

Tecnología aplicada en las fiscalizaciones

A comienzos de 2013 había más de 13.000 RCA aprobadas en el país y de ellas, unas 3.200 correspondían a proyectos relativos a la pesca y acuicultura, por lo que al hacer un balance por sectores, la industria salmonera tiene alta incidencia y está en la “hoja de ruta” de fiscalización definida por la SMA.  A modo de ejemplo, en la Región de Los Lagos, el Programa Anual de Fiscalización considera la fiscalización de 18 proyectos (de un  total de 53) que corresponden al 34% del total de proyectos a fiscalizar en la Región.

Actualmente, el procedimiento de fiscalización contempla, en la mayoría de los casos, una actividad de inspección en terreno, que es coordinada por la División de Fiscalización de la SMA.  La estrategia de la Superintendencia ha sido contar con equipos de tecnología de punta para realizar mediciones in situ durante la inspecciones y también con profesionales altamente capacitados para operar los equipos e interpretar los datos que estos equipos entregan, entre los que se cuentan biólogos marinos, ingenieros en medio ambiente e ingenieros hidráulicos.

“Por ejemplo, contamos con sistema ROV submarino, que permite el reconocimiento de fondo marino y lacustre.  Este aparato graba imágenes de video y se maneja desde la superficie con control remoto y permite llegar a 300 metros de profundidad.  Estamos usando este equipo para analizar los cuerpos de agua bajo los centros de engorda”, precisa el Superintendente del Medio Ambiente (s), Juan Carlos Monckeberg.

A este equipo se suman una serie de otros instrumentos asociados a la toma y análisis de muestras para evaluar la calidad ambiental de diferentes matrices ambientales.  “Tenemos ondas multiparámetros sumergibles CTDO.  Este equipo permite el registro continuo de los parámetros temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto de columna de agua, entre otros parámetros.  De este modo se pueden realizar perfiles para caracterizar la existencia de plumas salinas, cambios bruscos de temperatura y la disminución de la concentración de oxígeno disponible para funciones biológicas”, añade Monckeberg.

En forma paralela, en la División de Desarrollo Estratégico y Estudios de la SMA se está terminando un proyecto piloto que utiliza tecnología de imágenes de satélite radar alemán TerraSar-X para detectar obras y estructuras sobre el agua, como balsas jaula o líneas de boyas, proyecto liderado por el especialista en sistemas de información geográfica, Mg. Carlos Sierralta.

Con esta herramienta se compara el emplazamiento de los proyectos de acuerdo a las coordenadas declaradas en las RCA, y con los límites establecidos por las concesiones acuícolas y, en el caso de detectar incongruencias, se procede a comunicar a la División de Fiscalización, con el objeto de que proceda a realizar las investigaciones que procedan.  Lo interesante del radar, según Monckeberg, es su sensibilidad a cambios de superficie del agua y, por ende, permite ver elementos y objetos que con satélites ópticos tradicionales (tales como el FASAT Charlie) no siempre es posible detectar, como las líneas de boyas.  Además, el satélite radar atraviesa las nubes (los ópticos no lo permiten), lo cual es muy relevante para operar en el sur del país, donde la nubosidad es una constante.

“Con esto se puede hace una fiscalización de gabinete muy acuciosa que luego puede ser derivada a Fiscalización en terreno, ya sea por parte de funcionarios de la SMA o bien de organismos subprogramados, como Sernaspesca o Directemar”, finaliza el Superintendente (s) Monckeberg.

Percepción de la industria

Hasta el mes de abril, eran varias las compañías del rubro que ya habían sido fiscalizadas por la SMA. “Algunos de nuestros asociados ya han sido fiscalizados y, gratamente para nosotros, estas fiscalizaciones se han enfocado básicamente en aspectos ambientales, que es lo atingente de fiscalizar por la SMA.  Con el ingreso de la SMA al sistema controlador del sector, se suman nuevas fiscalizaciones, y esperamos que esta entidad lo haga de forma coherente en lo ambiental”, precisa Julio Traub, Presidente de la Asociación de Productores de Salmón Coho y Trucha, Acotruch.

Para Traub, este nuevo marco normativo debiera ayudar a que los centros de cultivo produzcan acorde a las condiciones ambientales, asegurando que se ponga fin a los efectos negativos que pueda estar causando la producción, lo que hace que la industria sea sustentable en el tiempo.  “Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la salmonicultura no es una actividad que intrínsecamente atente contra el medio ambiente, sin embargo la sobreproducción en instalaciones con grandes cantidades de peces y altas densidades por jaula, junto con la concentración de actividades en determinados barrios, es lo que está atentando severamente en la sustentabilidad ambiental y sanitaria”, dice el representante de Acotruch.

En cuanto a la nueva institucionalidad ambiental, el presidente del gremio salmonero valora la existencia de incentivos al cumplimiento con la normativa, “como la autodenuncia en materias medio ambientales - idea inédita en América Latina -, plan de acciones y metas propuestas por el infractor, y propuestas para enmendar el daño ambiental, ya que éstos permiten transparentar y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales establecidos en las normas”.  No obstante, Traub señala que a Acotruch le preocupan los altos costos que tendrán las sanciones por incumplimientos de las disposiciones ambientales, ya que éstos aumentaron 240 veces más en comparación a las antiguas sanciones ambientales, elevando el valor de las infracciones hasta las 10.000 UTA (unos US$ 10 millones).  “Otro de los puntos que nos alarma, es que la SMA podría decretar el cierre temporal o definitivo de los proyectos, actividades o fuentes donde se registren infracciones gravísimas e incluso suspender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó su operación, situación compleja, si consideramos que para las empresas salmonicultoras, especialmente para las más pequeñas, las concesiones de acuicultura son sus principales activos”, agrega el directivo.

Para Ximena Rojas, jefa de Medio Ambiente de Intesal de SalmonChile, toda normativa que apunta a dar certeza, mejora la gestión ambiental y, por ende, su cumplimiento.  “Con la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, acompañada por el cambio del sistema de sanciones, se busca tener el efecto disuasivo y ejemplificador del que carecía el sistema, potenciando así el cumplimiento de los compromisos ambientales.  Por otro lado, y una de las mejoras sustanciales que trae el nuevo marco normativo es el incentivo al cumplimiento”.

En el caso de Pesquera Los Fiordos, su gerente general, Sady Delgado, indica que más que adaptarse a un nuevo sistema, lo que han hecho es seguir trabajando bajo los más altos estándares de calidad, cumpliendo en todo momento con la normativa ambiental vigente a través del control permanente de sus procesos. “Esta máxima trasciende las formas de fiscalización y sus respectivas instituciones, reflejando nuestra manera de operar, producir y comercializar salmones.  Asimismo, la obligación de la industria es cumplir con estas prácticas y con las normativas vigentes, las que permiten que cada uno de los actores, actúen bajo las mismas reglas del juego”, puntualiza el representante de Los Fiordos.  Según Sady Delgado, el nuevo sistema “es un gran aliado para que la industria mantenga máxima disciplina de cumplimientos y mejora continua”.

En ATARED ven de buena manera el rol fiscalizador de la SMA, sobre todo en la medida en que se rijan a un protocolo conocido de los fiscalizados.  “Como recién comienza, es perfectible en el tiempo y esperamos que la autoridad ambiental se maneje con criterio en función del objetivo de largo plazo ya mencionado, restituir al máximo la condición ambiental previa a la acuicultura”, asevera Soledad Zorzano.  La representante gremial comenta que en dicha entidad esperan que “la autoridad ambiental se ocupe no sólo de lo que ve, sino de lo que no se ve a primera vista.  El uso de modelos relacionales de causa-efecto, a lo largo de toda la cadena productiva, son relevantes porque con frecuencia se ve el efecto final y se procede  en ese punto, pero el problema es anterior”.

A pesar de lo anterior, Raúl Arteaga, quien ha participado con SalmonChile e Intesal, en distintos seminarios  de análisis de la nueva institucionalidad ambiental, cree que la acuicultura chilena, en su conjunto, aún no asume en plenitud este nuevo escenario, aunque también cree que hay excepciones.  “Sé que SalmonChile e Intesal se han estado preocupando sobre este particular, con la intensión de generar la información base para que las empresas tomen el peso del asunto.  Sin embargo, creo que aun no se ha terminado de aquilatar en su verdadera dimensión lo que este nuevo escenario institucional ambiental puede significar para el desarrollo de la acuicultura.  Quienes lo asuman tempranamente, habrán dado un gran paso para su propio desarrollo”, comenta Arteaga.

En caso de la Asociación de Consultoras y Laboratorios Ambientales, ACLAM, su presidenta Hilda Castro opina que aún cuando había una normativa ambiental vigente, faltaban los agentes fiscalizadores globales, por tanto, dicha entidad ve un avance positivo en cuanto al fortalecimiento del sistema medioambiental chileno. “Focalizado en el sector Acuícola, permitirá la proyección sustentable de ésta debido a que las variables ambientales tomarán un rol más importante en la toma de decisiones por parte de las empresas, donde la Superintendencia de Medio Ambiente velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos”, señala.

Hacia prácticas más sustentables

A pesar de las dificultades que han tenido algunas empresas a la hora de enfrentar este nuevo escenario, existe consenso en que todos estos cambios debiesen provocar un cambio que ayudará a las empresas salmoneras a tener prácticas más sustentables en el tema medioambiental.  “Creo que en el mediano plazo eso será así.  El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental, con sus facultades y cuerpo sancionatorio, tiene los elementos básicos para que en el tiempo las empresas apliquen, cada vez, mejores prácticas ambientales.  Las empresas deben hoy pensar en cómo incorporan esta variable como uno de los principales polos de su desarrollo, lo que redundará en mejores prácticas ambientales”, explica el gerente de GEQ.

A juicio de Sady Delgado, si bien Pesquera Los Fiordos ha desarrollado una actividad productiva acorde con la normativa ambiental vigente y respetando el entorno y la biodiversidad de los lugares donde se inserta, “el nuevo marco normativo ayuda a que toda la industria se nivele hacia prácticas cada día más sustentables”.

Hilda Castro, de ACLAM, opina que este nuevo marco normativo permitirá que las actividades que se desarrollen estén en armonía y respeto con el medio ambiente.  “Obligará a las empresas a manejar de mejor forma las distintas variables medioambientales involucradas en su quehacer.  También hay que destacar que el Estado tomará un rol destacado en este desarrollo”, precisa Castro.

En ATARED coinciden con lo anterior y consideran que muchas empresas, a lo largo de la cadena, son cada vez más conscientes de la vulnerabilidad a las que están expuestas.  “Esperamos que este nuevo marco normativo se encargue de corregir las distorsiones precitadas.  Y que los servicios públicos sectoriales contribuyan a ello cumpliendo sus funciones de dictar normas viables y sensatas, con evaluación de impacto, monitoreo, control y fiscalización”, manifiesta Soledad Zorzano.

 

Funciones y atribuciones de la SMA:

-          Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), sobre la base de inspecciones, controles y análisis.

-          Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental; las Normas de Calidad y las Normas de Emisión sobre la base de inspecciones, controles, mediciones y análisis.

-          Contratar labores de inspección, verificación y mediciones, cuando corresponda, con terceros idóneos, debidamente certificados, y también mediante convenios  con Organismos Sectoriales con competencia en Fiscalización Ambiental (OSFAs).

 

Balance y cifras de las fiscalizaciones

Durante los 3 primeros meses de funcionamiento de la SMA, el sector de pesca y acuicultura se ha llevado un 13% del total de fiscalizaciones (de un total de 127 actividades), siendo la tercera actividad económica con más actividades de inspección ambiental, superada por saneamiento ambiental (24%) y minería (23%).

 

Fiscalizaciones realizadas en los 3 primeros meses de la SMA

 El modelo de fiscalización de la SMA contempla inspecciones ambientales en terreno, con fiscalizadores propios y de otros servicios (como Sernapesca, en el caso acuícola).  A eso también se suma una fiscalización de “gabinete”, con tecnologías de radar y análisis de muestras que están comprometidas en las RCA de las empresas del sector.

 

Autor: Pedro Barra

Edición 91 marzo-abril 2013

Revista Mundo Acuícola



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