Martes
19/09/2017
Licitaciones de concesiones: Cómo afecta los derechos actuales
Artículo de opinión. Por Legal-Sur S.A. Abogados.Urmeneta 305 of. 404 – Teléfono y fax 65-273747 - Puerto Montt.
07/08/2012


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Licitaciones de concesiones: Cómo afecta los derechos actuales

 

Después de varios años de permanentes cambios a las reglas de la acuicultura, al fin la Subsecretaría se atrevió a buscar un cambio esencial de la institucionalidad acuícola, pasando de un régimen de libertad económica a un régimen estatal.  Si bien es curioso que un Ministro de Economía de un partido defensor de la libertad económica proponga un proyecto de ley absolutamente socialista (es el Estado el que dice dónde se puede cultivar, qué especies, la densidad, condiciones, producción máxima y mínima, etc.) era algo necesario.  Gran parte de las deficiencias de esta industria no se hubieren presentado, si el sistema de concesiones hubiere sido dirigido por el Estado desde el principio, pero la acuicultura nació en Chile dentro de un esquema económico incompatible siquiera con la idea de control del Estado.

El proyecto establece, en resumen, un sistema en que el Estado determina las áreas apropiadas para la acuicultura (hay consultas ciudadanas y posibilidades de oposición), y llama a licitación pública para adjudicar las concesiones dentro de esas áreas, por 25 años, estableciendo las condiciones productivas que los estudios científicos determinen como razonables para la concesión.  Se adjudica el mejor postor.

Una vez adjudicada la concesión, queda sujeta a las mismas causales de caducidad que las actuales.

Si bien este es sólo un proyecto que ni siquiera ha ingresado a trámite al Congreso (debemos presumir que efectivamente ingresará, sea en este Gobierno o en el siguiente, ya que el equipo creador de todos estos proyectos es exactamente el mismo desde hace tres Gobiernos y seguramente seguirá al siguiente), es necesario conocer cómo afectará la realidad actual de las concesiones, a fin de preveer situaciones que pudieren afectar los actuales intereses.

Como primer principio, las concesiones que se otorguen hasta antes de la entrada en vigencia de la futura nueva ley, se regirán por la ley actual y no se pueden ver afectadas en ninguno de sus elementos esenciales por la nueva legislación.  Es de presumir que – como ha pasado siempre – una vez que este proyecto ingrese al Congreso, la Subsecretaría para las FFAA se “abstenga” de otorgar nuevas concesiones. Es decir, si la Subsecretaría de Pesca determina que en tal sector de otorgarán concesiones exclusivamente para una especie, o con tal densidad, o con tal producción máxima, las concesiones vigentes en el mismo sector que hayan sido aprobadas con proyectos técnicos diferentes (sea en especie o producción) seguirán plenamente vigente y tendrán derecho a seguir produciendo conforme al proyecto técnico aprobado y no podrán verse afectadas por las nuevas condiciones establecidas para el sector.

En segundo lugar, las solicitudes que se hayan ingresado a trámite entre el 1 de enero de 2012 y el 8 de abril de 2015 (esta es una fecha arbitraria que fijaron los creadores del proyecto) se seguirán tramitando y se otorgarán conforme a la ley actualmente vigente.  Todas las solicitudes que no se hayan ingresado antes de la  fecha indicada, serán denegadas.

En tercer lugar, se establece el principio de que sólo se podrán otorgar concesiones en aquellos sectores declarados como apropiados para la acuicultura y que no hayan sido declarados incompatibles con esta actividad en las respectivas zonificaciones, pero tampoco se podrán otorgar concesiones en áreas de actividades de pesca extractiva, caladeros o bancos naturales.  Estos tres últimos sectores son indeterminados, por lo que, en la práctica, puede significar una extensión de la “incompatibilidad” con la acuicultura.

Esta situación transforma en no aptos para la acuicultura los sectores antes indicados (los incompatibles por zonificación, los de pesca y los bancos naturales), por lo que no sería posible ampliar concesiones actuales en esos sectores, ni tampoco poder relocalizar.

En cuanto a las relocalizaciones, se establece en forma expresa y clara la preferencia que tendrán las concesiones actuales ubicadas en franjas entre macro zonas, para adjudicarse nuevos sectores a fin de relocalizarla.  Se entiende que el sentido de esta preferencia es desocupar la franja entre macro zonas, por lo que, para tener la preferencia en la adjudicación, debe tratarse de una relocalización total de la concesión y no una fragmentación.

Otro aspecto relevante es el límite que se impone por la actual ley de que una persona o empresa no puede ser titular de más del 20% del espacio concesible en una Región, pero esa regla no rige para las concesiones que no hayan sido licitadas.  Es decir, sólo se considerará para establecer este porcentaje de titularidad, las concesiones que se liciten.

Si bien el proyecto es interesante y cambiará radicalmente el sistema de concesiones, es necesario tener presente que constituye un mecanismo que asegurará que las concesiones queden concentradas en pocos actores, ya que, si por un lado no se cuentan las concesiones actualmente otorgadas para determinar el límite de titularidad, por otro lado se adjudicará al mejor postor,  es un hecho innegable que – atendido el hecho de que los espacios concesibles futuros serán muy escasos – las empresas más grandes ganarán las licitaciones aumentando el número de concesiones en ese 20% por Región.  A lo mejor debiera mejorarse el proyecto y establecer que el límite del 20% de las concesiones contemple las concesiones actualmente otorgadas, de manera de asegurar el acceso a nuevos actores y no aumentar la concentración.

Una cosa curiosa es el derecho que se otorga a todos titulares de las concesiones 80 bis, para solicitar al Estado la devolución del 50% de lo consignado para tener derecho a este régimen.  Esta devolución debe pedirse dentro de un año de entrada en vigencia de la futura ley o desde que se otorgue la concesión.

Otro cambio que puede ser relevante, y que aplica desde que se apruebe la futura ley, es que la caducidad de las concesiones ya no será declarada por la Subsecretaría para las FFAA, sino que será declarada directamente por la Subsecretaría de Pesca, lo que se traducirá en una mayor celeridad en las declaraciones de caducidad.

Por último, es necesario señalar que la ley establece, dentro del procedimiento para declarar áreas apropiadas concesibles, que todos los años la Subsecretaría de Pesca recibirá propuestas de áreas concesibles hechas por los interesados.  Si se acepta la idea, y mientras se hacen los estudios que determinen si es o no posible, declarar la zona propuesta como apropiada para la acuicultura, la Subsecretaría para las FFAA debe abstenerse-  durante un año – de otorgar cualquier otro derecho en el sector, incluidas concesiones marítimas, relocalizaciones, etc.

El proyecto es muy interesante, pero puede que sea extemporáneo, en el sentido de que el impacto que pueda tener sea mínimo, ya que actualmente prácticamente todo el espacio declarado compatible con acuicultura de acuerdo con las zonificaciones, se encuentra concesionado.  La nueva institucionalidad se aplicará, en la práctica, a las áreas que resulten de renuncias o caducidades de concesiones, áreas que son ínfimas (si es que existen), por lo que el impacto real será nulo o mínimo.

La única forma en que realmente el sistema nuevo tenga efecto, sería ampliando las áreas compatibles modificando las zonificaciones regionales, lo que se ve muy poco probable, de acuerdo con el comportamiento de las Regiones hasta la fecha en estas materias, o que la Subsecretaría de Pesca inicie una campaña inédita de caducidad de concesiones, lo que sería peor.

En todo caso, este proyecto ni siquiera ha ingresado al Congreso y tendrá aplicación a contar del 2015, pero, como ha sucedido, tenemos una ley nueva en acuicultura cada año por lo que es posible que este proyecto jamás vea la luz.

 

Revista Mundo Acuícola, edición N° 86.

 



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