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19/09/2017
LEY 20.583 de modificación de la Ley de Pesca: Sanciones expropiatorias
Por Ronald Schirmer, Legal Sur SA.
18/06/2012


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LEY 20.583 de modificación de la Ley de Pesca: Sanciones expropiatorias

Como sabemos, la Ley de Pesca, con la modificación introducida por la ley 20.434 (Gobierno Bachelet),  estableció nuevas sanciones con multas muy graves, en el nuevo artículo 118 ter de la Ley. 

Se sancionaba, hasta la entrada en vigencia de la nueva modificación legal introducida por la ley 20.583, dos hechos: a) en el caso de los cultivos de peces, sembrar ejemplares en el centro de cultivo sin contar con la información ambiental evaluada por el Servicio, dentro del plazo establecido en el reglamento o, en el caso de los demás cultivos, no suspender el ingreso de ejemplares al centro de cultivo desde la fecha de comunicación de la evaluación negativa de la información ambiental efectuada por el Servicio Nacional de Pesca; y b) No dar cumplimiento a las condiciones de densidad o descanso en los centros de cultivo.

Estas sanciones tienen una multa de entre 2.000 y 3.000 UTM, es decir, desde $78.744.600 como multa mínima, hasta $118.119.000 como multa máxima.

Estas cifras ya demuestran una sanción claramente abusiva y desproporcionada. Lamentablemente, en la discusión de esta ley primó el criterio de algunas empresas productoras de que “no importa la gravedad de la sanción” ya que “nosotros nunca incurrimos en faltas”. Demás está señalar que, entre los actores de esta industria, esa aseveración es absolutamente errónea.

La ley 20.434 estableció que, además de las enormes multas aplicables, el infractor incurre en una segunda infracción a este artículo dentro del lapso de cuatro años, se sancionará al titular de la concesión con la suspensión de operaciones del centro respectivo por el plazo de tres años. Si desde el término de la suspensión y durante los siguientes tres años el titular incurría en una tercera infracción, se le sancionada caducando la concesión. También se caduca la concesión en el caso de que el titular no respete la suspensión decretada como sanción.

Otra “novedad” de la ley 20.434 es que estableció  que estas multas no se reclamaban ante el Juez, como ocurre con el resto de las multas establecidas en la Ley, sino que eran impuestas por resolución de la Subsecretaría de Pesca, previo informe del Sernap (que había cursado la multa) y el afectado podía reclamar de esta multa al Ministro de Economía, quien es el superior jerárquico, tanto del Sernap como de la Subsecretaría, lo que hacía que ese reclamo fuera una verdadera burla al sentido común y al debido proceso.

No contentos con esta nueva realidad de sanciones exageradas o desproporcionadas, la Subsecretaría de Pesca  volvió al ataque (ahora, bajo el Gobierno de un empresario de Renovación Nacional y Ministro de Economía de la UDI, pero con los mismos asesores que en los proyectos anteriores)  e ingresó a trámite al Congreso una importante indicación al proyecto de modificación de la Ley de Pesca, que fue aprobado recientemente como ley 20.583

Lo interesante – y desastroso – de esta nueva ley es la modificación que se hace, agregando nuevas infracciones al artículo 118 ter de la Ley de Pesca.

De esta forma, además de las dos letras antes mencionadas, se incorporarán como otros hechos a sancionar, los siguientes:

            c) no dar cumplimiento a las medidas coordinadas de densidad, descanso o vacunaciones que se hayan establecido para la agrupación de concesiones (hayan establecido por los propios titulares o por el Sernapesca);

            d) no eliminar los ejemplares en cultivo o hacerlo fuera de plazo, cuando así lo haya dispuesto el Sernapesca como medida para enfrentar una emergencia sanitaria;

            e) no dar cumplimiento a los tratamientos terapéuticos ordenados obligatoriamente por el Sernapesca en emergencia sanitaria;

            f) no dar cumplimiento a los tratamientos terapéuticos establecidos por el Sernapesca en un programa específico de control.

            Demás está señalar que la amplitud de los hechos que quedan comprendidos en estas nuevas causales de sanción es enorme. De hecho, el 50% de las actuales infracciones que se cursan a la industria podrían caber dentro de estas nuevas letras, ya que actualmente toda la actividad está sujeta a programas específicos de control, programas que tienen una aplicación territorial que abarca las tres últimas Regiones del país en su integridad.

Pero las mentes creativas no sólo triplicaron los hechos sujetos de sanción, sino que modifican las sanciones a aplicar. Veamos.

Para la infracción de “sembrar ejemplares” sin la INFA autorizada y para la infracción de “no eliminar” ejemplares en caso de emergencia sanitaria, la nueva sanción será el valor de cosecha de los ejemplares sembrados. Para las faltas de “no respetar densidades o descansos”, “no dar cumplimiento a las medidas de densidad, descanso o vacunación de la agrupación de concesiones” y no dar cumplimientos a los “tratamientos” en emergencia sanitaria, la sanción será el valor de cosecha de los ejemplares que exceden la densidad, el descanso, vacunación o los tratamientos.

Este nuevo concepto de “valor de cosecha” corresponde – como la misma ley lo establece – al valor de los ejemplares al término del ciclo, y lo fijará la Subsecretaría de Pesca en enero y junio de cada año, en base a lo informado por Aduanas. Es decir, se trata del valor de exportación de los peces a término.

Entonces, claramente, la nueva sanción es expropiatoria, ya que priva al sancionado de la propiedad total sobre sus bienes. No es una multa alta, como está actualmente regulado, sino que su valor es relativo y arbitrario (lo determina la Subsecretaría). De tal forma, si se vulnera el programa sanitario y no se vacunan todo un centro cuando los peces tienen 100 gramos de peso, la sanción será el valor de exportación de esos peces (de todo el centro).  ¿Cuál será el interés del titular del centro de cultivo de seguir invirtiendo en la crianza y engorda de esos peces, si todo lo que eventualmente pueda obtener de ellos, se irá al Fisco como multa? La respuesta es clara: ningún interés.  Mejor se eliminan los animales y punto. De esta forma, lo que era una sanción por cometer una falta, se transforma en  una expropiación de los bienes en cultivo que podría llevar a la quiebra a cualquier productor pequeño o mediano.

Si la falta se comete con los peces a de tres o más kilos, cuando se ha invertido mucho dinero en ellos, el daño de esta multa es inmensamente mayor, ya que no sólo priva del producto del trabajo, sino que genera una pérdida imposible de revertir.

No existe actividad económica en Chile que esté sujeta a este riesgo: correr con todos los costos y riesgos para engordar los peces, para que luego, antes de su exportación, ser sancionado con una pena que implica regalarle todo el trabajo y la inversión al Estado.

Para terminar de liquidar al productor, la Subsecretaría de Pesca ha propuesto en la moción de Ley, que el sancionado tiene diez días para pagar esta multa y si no lo hace, se le aplica una segunda multa: suspensión  de las actividades de la concesión por tres ciclos consecutivos. Es decir, por no cumplir alguna de la infinidad de exigencias (y la mayoría, de total intrascendencia) que contienen los programas sanitarios específicos, un productor se va a ver expropiado del producto de su trabajo e inversión y, además, no podrá recuperarse de este inmenso daño durante tres años si no tiene todos los millones de dólares del valor de exportación, disponibles dentro de diez días.

El proyecto de ley pretendía modificar igualmente el procedimiento de reclamo, creando un procedimiento extraño. En resumen, si el centro de cultivo no tiene resolución de calificación ambiental, el sancionado podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones. Este proyecto no contempla apelación, por lo que parece que los creadores de esta aberración entienden que la Corte de Apelaciones deberá fallar en única instancia. La Corte Suprema, en informe  remitido a la Cámara de Diputados sobre esta idea, la ha rechazado absolutamente por cuanto una Corte de Apelaciones no tiene la capacidad física ni jerárquica para resolver un asunto que debe ser visto por un Juez de Letras ante el cual se pueda siquiera, ofrecer prueba. Además, dice la Corte Suprema, no puede aceptarse un procedimiento sin apelación.  Hasta el momento, el proyecto sigue en pié, tal cual…

En el caso de las concesiones con resolución de calificación ambiental, la moción ya señalada, nos remite al procedimiento de reclamo de la ley 20.417 que crea los Tribunales ambientales. Como estos Tribunales no existen todavía, la situación queda en el aire….

Si bien  las propuestas son absolutamente contrarias al sentido común y si bien es loable el interés de las autoridades para que no ocurran situaciones críticas como las del ISA, no hay que caer en el otro extremo, en que los cuidados del sacristán mataron al señor cura. Hay que buscar y encontrar un punto medio que sea razonable y justo.

Como estas modificaciones, introducidas al procedimiento de reclamo, debían ser revisadas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, luego de aprobada íntegramente la ley, retira los artículos que se referían a estos procedimientos y promulga sólo la ley de fondo. De esa manera evitó que el Tribunal Constitucional revisara la legitimidad y la constitucionalidad de las nuevas sanciones que se pretenden imponer.

El Estado no se ha dado cuenta todavía que las soluciones a nuestra fragilidad en bioseguridad está en otras materias, como el cierre de las fronteras para la importación de ovas, un organismo investigador, desarrollo de nuevas tecnologías, etc., y no en la aplicación de sanciones dacronianas, como las propuestas.

 

Revista Mundo Acuícola, edición 85.



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