Sábado
23/09/2017
Personal embarcado denuncia problemas que resolvería un Ministerio del Mar
Institucionalidad actual tiene serias debilidades donde la potestad de la autoridad marítima está anclada a sistema antiguo y autoritario (Mundo Acuícola).
21/06/2017


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Personal embarcado denuncia problemas que resolvería un Ministerio del Mar

Que el país tenga un Ministerio del Mar es imprescindible y urgente, opinan los trabajadores embarcados que participarán hoy miércoles 21 de junio en el seminario “¿Es necesario un Ministerio del Mar para Chile?”. Invitan al seminario la senadora Lily Pérez y el diputado Rodrigo González junto a la Biblioteca del Congreso Nacional.

 

Chile tiene una presencia gigantesca en el Pacífico y que carezca de Ministerio del Mar impide satisfacer la demanda que generan los sectores que en torno al mar se desarrollan.

 

Los trabajadores embarcados, a través de dirigentes de motoristas como Fernando Merino; de capitanes representados por Oscar Alvear, y tripulantes encabezados por Hugo Roa, coinciden en que un Ministerio del Mar podría abordar en forma integral temáticas pesqueras, de transporte, reglamentos y otros, como una instancia distinta a lo que existe desde la perspectiva institucional.

 

Los hombres de mar plantean que una de las ventajas sería incorporar participación de ciudadanos, actores, instituciones en la toma de decisiones que, hoy en día, son de absoluta potestad de la Dirección General de Territorio Marítimo y Martina Mercante (Directemar) lo que ha acarreado problemas a los trabajadores.

 

“Lo que la autoridad marítima determina es incuestionable y creemos que un Ministerio del Mar daría espacio a lo que actualmente es legítimo y la sociedad entera demanda: participación y transparencia”, comentan los trabajadores embarcados.

 

Añaden que estas atribuciones privativas de la autoridad marítima provocan impactos cuestionables y negativos que el sector ha planteado, en ocasiones anteriores, al Congreso. Un dato: la entrega de matrículas de embarco es de exclusividad de esa autoridad siendo calificador y certificador lo que parece al menos discutible.

 

Más aún, un tema de actualidad es la obligación de cursos obligatorios que en el caso del 2.07 o reglamento del simulador, se debe estudiar en el Centro de Instrucción Marítimo (Cimar) y a su OTEC – en un cálculo muy grueso- le generaría $6.000 millones de pesos. Es un solo curso de varios y los embarcados se preguntan por qué debe rendirse allí si los elementos (simulador) están en algunas universidades.

 

“Lo central es que se trata de un convenio inconsulto, no socializado y debe ser de costo de los trabajadores. No basta con que nuestra educación, nuestra salud, nuestro sistema de pensiones sea financiado por nosotros mismos, sino que además debemos pagar un impuesto al trabajo. Por eso creemos que un Ministerio vendría a aclarar, ordenar, definir de manera integral éstas y otras temáticas”, opinaron.

 

Denunciaron otros ejemplos de esta potestad de la autoridad marítima como que en el norte del país operan en pesca barcos que se usaron hace 20 años en el área centro sur y aparecen bajo la categoría de “automatizados” para que el empleador o la empresa disminuya el número de trabajadores a bordo.

 

En el caso del Convenio Internacional Enmienda de Manila —motivo de controversia actualmente— no se le preguntó a nadie, ni a trabajadores, ni empresas, ni siquiera otras instituciones del Estado sobre qué se iba a aprobar ni bajo que fundamento se presentaban determinados reglamentos ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

 

Tampoco se ha querido ni siquiera abrir un espacio de debate para perfeccionar la directiva 11-011 de reglamento de dotaciones a bordo lo que es la trabaja no dieron visto bueno a la aprobación del Convenio Internacional 188 que indica que las dotaciones se consensuen, como se hace en todo el mundo, entre gobierno, trabajadores y empresas.

 



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